La Semana Santa de este año dejó al descubierto una realidad latente sobre la libertad religiosa en Colombia. Lo ocurrido en la Iglesia de San Francisco en Bogotá no fue un episodio aislado de tensión social, sino, como lo denunció el concejal Marco Acosta en un debate de control político en el Concejo de la ciudad, la radiografía de una falla deliberada que prioriza un derecho sobre otro, vulnerando gravemente la libertad de culto.
Las actas del Puesto de Mando Unificado (PMU) son elocuentes: mientras la Policía Metropolitana advertía sobre intentos de ingreso al templo y solicitaba mantener presencia para custodiar a los feligreses, los funcionarios de “Derechos Humanos” ordenan reiteradamente “tomar distancia” y retirar a los uniformados. El resultado fue predecible: misa interrumpida, consignas ofensivas, provocaciones con símbolos sagrados y un ambiente de recogimiento fracturado.
Como señaló Acosta: “Aquí no hubo ausencia del Estado, hubo una orden clara de retirarlo. Desde Derechos Humanos se pidió expresamente que la Policía se apartara, y esa decisión permitió que se afectará el ejercicio del culto”. Más aún, advirtió que “el Estado colombiano no está cumpliendo su deber de proteger la libertad religiosa y el ejercicio de culto”, señalando que “se evidencian fallas en uno de los pilares esenciales de la convivencia democrática”.
No es casualidad que, en este mismo clima de permisividad, la propia iglesia (Dios Está Formando Un Pueblo) que pastorea el concejal haya sido atacada en numerosas ocasiones por colectivos feministas y radicales de izquierda, con actos de vandalismo, desacato y lenguaje hostil que reflejan una tensión social cada vez más agresiva hacia la fe.
Como si fuera poco, en el marco del debate la concejal Clara Sandoval, de la Misión Carismática Internacional, recibió fuertes ataques verbales por parte de la bancada del Pacto Histórico, quienes intentaron silenciarla por denunciar los ataques del presidente Gustavo Petro contra la fe cristiana. A gritos, exigían al presidente de la sesión que la callara; ella, sin embargo, respondió con carácter y valentía.
Y viendo esa escena me viene una duda, no sé de dónde sacaron esa imagen “hippie” del cristiano, pero les aseguro que no sale de la misma Biblia que leemos en las iglesias. El cristiano también tiene carácter para decir la verdad y denunciar la injusticia: calladitos nos vemos bonitos, sí, pero hablando también. Nuestra belleza no se supedita al ejercicio —o no— de nuestra libertad de expresión, señores, y perdonaran el sarcasmo.
Este episodio no es un hecho fortuito. Se inscribe en una tendencia alarmante ya documentada por organismos internacionales. Según el Informe de Libertad Religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), Colombia registra uno de los índices más altos de vulneración y persecución contra comunidades de fe en la región, con un incremento del 31% en las violaciones a la libertad religiosa entre 2023 y 2024 y un aumento del 100% en las amenazas de muerte contra líderes espirituales. La fundación advierte que “el panorama sigue siendo complejo y las perspectivas para la libertad religiosa en los próximos dos años han empeorado”.
Esta realidad se confirma con la Lista Mundial de Persecución 2026 de Puertas Abiertas, que ubica a Colombia en el puesto 47 con 66 puntos, clasificándose en un nivel de persecución “muy alto”. Entre 2023 y 2025, al menos 36 líderes cristianos fueron asesinados y 18 desaparecieron; muchos de estos crímenes, como la masacre de julio de 2025 en Guaviare donde ocho personas —siete de ellas cristianas— fueron ejecutadas por un grupo armado, han sido condenados por la ONU por silenciar “voces esenciales en la defensa de los derechos humanos”. Homicidios como los de los sacerdotes Javier González Pertuz, Darío Valencia Uribe y Ramón Montes Peinado, o el asesinato del pastor Marlon Yanmith Lora y su familia en Aguachica, son recordatorios trágicos de que la vulnerabilidad de los creyentes ha dejado de ser marginal para volverse estructural.
Sin embargo, la persecución no solo se ejerce con violencia física; también se gesta desde el poder y se normaliza en la cultura. Hace apenas unas semanas, en una reunión transmitida en vivo, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía intervenir a un sacerdote que se expresaba contra el comunismo. Presidente, ¿Ya no se puede hablar libremente contra la basura? Porque eso es el comunismo, ideas basura que nunca funcionaron, anacronismos ideológicos a los que usted e Iván Cepeda desean aferrarse. Y para su información los cristianos también tenemos ciudadanía política y aceptamos o rechazamos ciertas ideas.
Un par de meses antes nuestro presidente con vocación de dictador afirmó por televisión nacional que Jesús había tenido relaciones con María Magdalena y que no era el Cristo, a lo cual respondí en su momento con una columna de opinión para darle clases de teología. Más allá del escándalo mediático, estas declaraciones reflejan una narrativa oficial que busca desacreditar, banalizar y, en última instancia, silenciar la fe.
Esta postura se alinea con iniciativas documentadas por ACN, como la propuesta gubernamental de despenalizar la perturbación de ceremonias religiosas, o la designación en abril de 2025 de un rabino autodeclarado anti sionista al frente de la Dirección de Asuntos Religiosos, generando dudas sobre la verdadera neutralidad estatal. Fallos judiciales que ordenan eliminar el contenido doctrinal católico de las clases de religión en colegios públicos, o la retirada de símbolos como el crucifijo de la Corte Suprema y la Virgen del Carmen en Floridablanca, evidencian una aplicación de la “laicidad” que, en la práctica, se traduce en la exclusión sistemática de lo religioso del espacio público.
Estos escándalos son solo la punta del iceberg. La hostilidad se ha filtrado en colegios, universidades y todo tipo de entornos sociales y políticos. Se ha normalizado, en nombre de “la academia” o de una falsa superioridad intelectual del ateísmo, el ataque sistemático a la cosmovisión cristiana. No se busca el diálogo ni el debate de ideas; se busca la sumisión. Quieren a los creyentes callados, encerrados en los tiempos, mientras se impone una moralidad secular como único estándar de validez pública.
Como bien advirtió Acosta, “existe permisividad frente a actos de irrespeto y debilidad institucional para establecer límites claros”, y es que “el ambiente discursivo desde el poder y el ejecutivo Nacional ha propiciado este tipo de escenarios”. Hubo, efectivamente, una “interferencia directa sobre un acto religioso, con ingreso al atrio del templo y consignas directas contra la fe católica”, donde “símbolos y vestimenta con carga provocadora... generan perturbación que, según el Código Civil, es un delito”. La “decisión del distrito desde la Oficina de Derechos Humanos fue no actuar con contundencia, e incluso retirar a la policía”, dejando claro que la administración trató el derecho a la protesta como absoluto, sin aplicar criterios de proporcionalidad frente a la libertad religiosa.
Ante este panorama, es urgente trascender el debate anecdótico y enfrentar una discusión filosófica de fondo sobre las implicaciones de la libertad de culto y conciencia frente a la libertad de expresión. Es necesario volver a sus orígenes: ambas libertades nacieron como diques contra el autoritarismo, no como armas para la dominación cultural. Su sentido radica en permitir la convivencia en la diversidad, garantizando que ninguna convicción pueda imponerse por la fuerza ni ser erradicada por decreto. Y sus límites son claros: la expresión no puede ser un cheque en blanco para la burla coercitiva, la incitación al desprecio o la interferencia física en espacios sagrados, así como la libertad religiosa no puede invocarse para vulnerar derechos de terceros.
Cuando se absolutiza un derecho sobre otro, se rompe el equilibrio democrático y se abre la puerta a una intolerancia que se disfraza de modernidad. La negación sistemática de la objeción de conciencia en temas sensibles, que convierte a los objetores en “ciudadanos de segunda clase”, es otro síntoma de este desbalance institucional.
La libertad de culto no es un privilegio de minorías; es un pilar de la convivencia civilizada y un termómetro de la salud democrática. En un mundo donde más de 388 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución —uno de cada siete creyentes —, lo ocurrido en la Iglesia de San Francisco, sumado a un contexto nacional de hostilidad institucional y discursos oficiales que relativizan lo sagrado, debe servir como alerta para Colombia.
Necesitamos instituciones que protejan sin seleccionar, autoridades que comprendan que la neutralidad del Estado no equivale a hostilidad hacia la fe, y un debate público que restaure el respeto mutuo. De lo contrario, lo que se erosiona no es solo un derecho fundamental, sino la confianza misma en las instituciones que, se supone, deben garantizar la dignidad de todos.
Pero, además de todo esto, necesitamos que nuestra generación abra los ojos. ¿Podemos dejar un momento los videos cristianos de TikTok y mirar de frente la realidad de persecución que sufre nuestro pueblo? La adoración no se reduce a llevar ropa holgada ni a cantar música worship. También significa salir a la calle a predicar, incluso cuando nos lancen blasfemias y piedras, o defender nuestra fe con solidez apologética para que no sea tratada como objeto de burla en los círculos académicos actuales.
No es que carezcamos de argumentos sólidos; es que falta quien los estudie, los domine y los exponga con rigor y valentía. Nos hemos encerrado tanto entre las paredes de la iglesia que hemos olvidado que la verdadera batalla se libra en las calles. El joven cristiano del siglo XXI debe estar preparado para vivir y, si es necesario, morir por Cristo. La causa nos excede, y nos reclama por completo.
