En el más reciente informe del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) se describe un escenario regional marcado por violencia, control territorial y restricciones crecientes al ejercicio de la fe durante 2025. El documento señala que la libertad religiosa “se encuentra en la intersección de muchos derechos fundamentales” y advierte que su deterioro afecta directamente la calidad democrática.
Uno de los ejes centrales del reporte es el impacto del crimen organizado. En varios países, grupos armados atacan directamente a iglesias, líderes y fieles. El informe afirma que “iglesias, líderes religiosos y comunidades de fe se han convertido en objetivos directos de grupos armados” en países como Colombia. Allí se registran amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y cierre de templos en regiones bajo control ilegal.
En México, la situación sigue una línea similar. El documento indica que se documentaron “asesinatos, desapariciones, secuestros, ataques armados y extorsiones contra sacerdotes, pastores, fieles y espacios de culto” . Estos hechos muestran que los espacios religiosos ya no funcionan como refugio frente a la violencia.
El informe también destaca el caso crítico de Haití, donde bandas armadas dominan territorios completos. Según OLIRE, religiosos y comunidades “han sido objeto de secuestros, extorsión, asesinatos, desplazamiento forzado e intimidación” . Esta situación obliga a suspender actividades religiosas, cerrar templos y abandonar zonas enteras.
En Venezuela, el reporte registra amenazas, detenciones y presiones contra líderes religiosos, especialmente cuando desarrollan tareas sociales o denuncian injusticias. Se señala que las acciones incluyen “amenazas, agresiones físicas, interrogatorios, saqueos, incendios y extorsión”, lo que limita de forma concreta la labor pastoral y humanitaria.
El documento también advierte sobre restricciones desde el poder político. En países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, los gobiernos aplican controles sobre las comunidades de fe. El informe sostiene que estos regímenes “continuaron aplicando medidas restrictivas contra voces disidentes en el ámbito religioso” , incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia y cierre de iglesias.
En Nicaragua, la presión se intensifica especialmente contra la Iglesia católica. El reporte describe arrestos, expulsiones y confiscación de bienes, además de un sistema de vigilancia constante sobre líderes religiosos.
En Cuba, se reportan cancelaciones de actividades religiosas, multas y hostigamiento sistemático. Diario Cristiano Internacional informó esta misma semana como en un contexto de creciente tensión social y política en la isla el pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez, quien vive en el exilio, lanzó una contundente denuncia dirigida a las cúpulas denominacionales dentro del país, cuestionando lo que define como un silencio cómplice frente a la persecución a jóvenes creyentes.
Antagonismo hacia la fe
Otro fenómeno relevante es la hostilidad social hacia la religión. El informe documenta ataques a templos, vandalismo y presión cultural contra creyentes. Advierte que “las manifestaciones de intolerancia pueden incluir desde críticas constantes a principios religiosos hasta restricciones laborales”.
El reporte también aborda la situación de comunidades indígenas. Allí, la conversión al cristianismo genera conflictos internos, con sanciones que incluyen expulsión, violencia física y pérdida de derechos comunitarios.
Para OLIRE la libertad religiosa en América Latina enfrenta un deterioro sostenido. La combinación de violencia criminal, autoritarismo estatal e intolerancia social genera un entorno donde practicar la fe implica riesgos crecientes para millones de personas.
Libertad religiosa como termómetro de la estabilidad democrática
Históricamente, las comunidades de fe en América Latina han servido como el último tejido social sólido en zonas donde el Estado es ausente o ineficiente. Sin embargo, el informe de OLIRE 2025 subraya una tendencia alarmante: el "espacio cívico restringido" ya no afecta solo a activistas políticos, sino que ha penetrado profundamente en las estructuras eclesiales.
La erosión de la libertad religiosa funciona hoy como un indicador temprano del colapso de las libertades civiles en general. Cuando un pastor es silenciado por el crimen organizado o un líder religioso es perseguido por el Estado, se debilita el derecho de toda la ciudadanía a la libre asociación y expresión, lo que coloca a la región en una situación de vulnerabilidad democrática sin precedentes en la última década.
En contextos dominados por la narcocultura, la iglesia evangélica representa una resistencia ética que dificulta el reclutamiento de jóvenes y el control territorial absoluto, lo que explica la violencia sistemática documentada en países como México y Colombia. Este escenario obliga a las denominaciones a reevaluar su rol profético y su seguridad en la esfera pública.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional. Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Evangelística Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.
