El panorama para las comunidades de fe en Nicaragua se oscurece tras la reciente decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de prohibir la ordenación de nuevos sacerdotes y diáconos.
Según reportes difundidos por la agencia ACI Prensa, la medida afecta directamente a las diócesis de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí, territorios que actualmente se encuentran bajo una fuerte presión gubernamental y sin la presencia de sus obispos titulares.
Esta restricción administrativa y policial representa un golpe directo a la estructura ministerial católica nicaragüense, impidiendo que jóvenes que han culminado su formación teológica puedan servir formalmente a sus congregaciones. Los líderes locales denuncian que la policía impide que cualquier obispo externo celebre los ritos de ordenación, consolidando lo que muchos analistas consideran un intento por desmantelar la presencia institucional de la Iglesia en el país.
Esta persecución no se limita al catolicismo, pues el pueblo evangélico nicaragüense ha sufrido embates sin precedentes bajo el actual mandato. En los últimos años, el Ministerio del Interior ha cancelado la personería jurídica de más de 1,500 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales una gran mayoría eran iglesias y misiones evangélicas, confiscando sus bienes y propiedades en favor del Estado bajo argumentos de supuestas irregularidades administrativas.
Líderes de denominaciones históricas y ministerios independientes han sido víctimas de vigilancia, amenazas y cierres forzosos de sus radios y canales de televisión cristianos. Al igual que ocurre con las diócesis mencionadas, muchos pastores evangélicos han tenido que huir del país tras ser acusados de "traición a la patria" por el simple hecho de brindar ayuda humanitaria a los ciudadanos durante las protestas civiles o por rehusarse a alinear sus sermones con la narrativa política oficial.
La situación ha sido descrita como crítica por expertos en derechos humanos y libertad religiosa. La investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe "Nicaragua: una iglesia perseguida", había calificado previos esfuerzos de ordenación como un "oasis litúrgico" en medio del desierto de la represión.
Sin embargo, el endurecimiento de las políticas estatales busca "erradicar la influencia espiritual de las iglesias cristianas en favor de una ideología política que promueve el culto al régimen sandinista".
El impacto pastoral es devastador, especialmente en zonas como Matagalpa, donde se estima que casi el 70% de los clérigos han sido forzados al exilio para preservar su integridad. A pesar de que la capacidad operativa de varias diócesis se ha reducido a la mitad, la resistencia espiritual permanece vigente entre el pueblo creyente.
"La Iglesia en Nicaragua está crucificada, pero no inmovilizada", declaró un sacerdote desde el exilio, subrayando que las vocaciones siguen surgiendo a pesar del riesgo.
