El Senado de Uruguay ha dado el visto bueno final a la ley que regula la eutanasia en el país, cinco años después de que comenzara a debatirse.
La votación en la cámara alta concluyó con 20 votos a favor y 11 en contra, ratificando así la decisión previamente tomada por la Cámara de Diputados en agosto con 64 a favor y 29 en contra. Con esta aprobación, la norma queda sancionada y solo resta la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para su implementación.
Uruguay se convierte así en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el Parlamento, en medio de un intenso debate que toca las fibras morales y éticas de la sociedad.
La iniciativa ha encontrado una fuerte oposición en grupos católicos, evangélicos y otros sectores conservadores, quienes sostienen que la vida es un don inalienable y que el sufrimiento puede ser abordado a través de los cuidados paliativos, en lugar de la muerte asistida.
En agosto ya el Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay (CREU) mediante un video realizado por su presidente electo, el pastor Louder Garabedian, había señalado que “la Alianza Evangélica tiene un mensaje claro, contundente en torno a la eutanasia… decimos, tajantemente, no a la eutanasia. No a acelerar el proceso de la muerte”.
El presidente de CREU señaló en esa ocasión que “el cuidado paliativo es un agente transformador donde dignifica, y puede dignificar en medio de una enfermedad terminal, la vida del que sufre".
El proyecto, presentado por diputados del oficialista Frente Amplio, busca "regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen". La ley habilita una muerte "indolora, apacible y respetuosa" para aquellos que cumplan ciertas condiciones. Entre ellas, el paciente debe ser mayor de edad, estar psíquicamente apto y cursar "la etapa terminal de una patología incurable e irreversible", o padecer "sufrimientos que resulten insoportables".
Un legislador defendió la iniciativa argumentando la dignidad al final de la vida. El senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, declaró que: "Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe despenalizar a nadie".
Esta perspectiva choca con la enseñanza cristiana que valora la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
En otros países de la región, el proceso ha sido distinto. En Colombia, aunque la eutanasia para pacientes terminales es legal desde 1997, recién en 2021 se extendió a aquellos con intenso sufrimiento físico o psíquico sin diagnóstico de fase terminal. Por su parte, en Ecuador, el Tribunal Supremo la despenalizó en 2024.
La Iglesia Católica también expresó su rechazo al proyecto. El obispo de Florida, Martín Pérez Scremini, declaró: “Decimos un firme NO a la eutanasia: causar la muerte de un enfermo es éticamente inaceptable”.
La ley en Uruguay permitirá a los pacientes solicitar la muerte asistida siempre que se cumplan las estrictas condiciones descritas. El texto aprobado enfatiza: "El objeto de la ley es 'regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen', y habilita una muerte 'indolora, apacible y respetuosa' a quienes así lo deseen, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones".
Ahora, la atención se centra en la reglamentación del poder ejecutivo, que se da por descontada dada la previa puesta en funcionamiento de la ley de cuidados paliativos.
Para la comunidad de fe, este desarrollo representa un llamado a intensificar el apoyo a la vida y los cuidados paliativos, como una alternativa compasiva al final de la existencia terrenal.
