La Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP) emitió un comunicado público en el que fijó posición frente a la controversia generada por el caso de la congresista y pastora Milagros Jáuregui de Aguayo y el funcionamiento del hogar “La Casa del Padre”, en medio de investigaciones y cuestionamientos sobre la atención a menores embarazadas víctimas de violencia sexual.
El pronunciamiento institucional se produce como continuidad del escenario descrito en la investigación y la denuncia penal presentada contra la legisladora por presuntas vulneraciones a derechos de niñas atendidas en el refugio y por la difusión de imágenes en las que supuestamente aparecían menores vinculadas a ese espacio.
En su comunicado, UNICEP afirmó que las iglesias cristianas evangélicas del país realizan desde hace décadas un trabajo sostenido en favor de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mediante comedores solidarios, acompañamiento escolar, orientación familiar, atención emocional y acciones preventivas frente a la violencia y la exclusión social.
La organización sostuvo que ese compromiso no responde a intereses políticos ni partidarios, sino a una convicción ética y espiritual centrada en la protección de la dignidad de la niñez, especialmente en contextos donde el Estado y otras instituciones no alcanzan cobertura suficiente. En esa línea, reafirmó que su labor se orienta a acompañar y complementar las acciones públicas, sin sustituir competencias estatales.
El documento también apeló a principios bíblicos y citó el Salmo 82:3: “Defiendan al débil y al huérfano; hagan justicia al afligido y al necesitado”, como fundamento del trabajo social desarrollado por comunidades de fe en el país.
UNICEP expresó además su disposición al diálogo, a la rendición de cuentas y al trabajo articulado con autoridades y sociedad civil, con el objetivo de garantizar el bienestar integral de la niñez peruana. Afirmó que continuará promoviendo una fe expresada en obras de servicio, misericordia y justicia, y remarcó que el cuidado de los más vulnerables constituye una responsabilidad compartida.
El pronunciamiento se suma al debate público que rodea el caso del albergue fundado por Jáuregui, cuya gestión es objeto de investigaciones fiscales y administrativas para determinar eventuales responsabilidades legales y el cumplimiento de los estándares de protección de menores.
La controversia incluye cuestionamientos de organizaciones civiles y especialistas, así como la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para verificar las condiciones de atención en el centro, mientras la congresista ha defendido públicamente el funcionamiento del refugio y ha negado irregularidades.
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