La congresista y pastora peruana Milagros Jáuregui de Aguayo enfrenta una denuncia penal y cuestionamientos públicos por el funcionamiento de un albergue que acoge a niñas embarazadas producto de violación y por la supuesta difusión de imágenes en las que aparecen menores vinculadas a ese albergue.
La investigación busca determinar si hubo vulneración de derechos y responsabilidades legales en la gestión del refugio, según información publicada por Infobae.
El caso se originó tras la difusión de declaraciones e imágenes relacionadas con el “Hogar y Refugio La Casa del Padre”, fundado por la legisladora hace 10 años, donde se atiende a niñas de entre 10 y 13 años que cursan embarazos tras agresiones sexuales. Según afirmó Jáuregui "ninguna se arrepintió de dar a luz". Días después de estas declaraciones, se difundieron en redes sociales imágenes de la institución donde las menores eran expuestas junto a sus bebés en actos públicos.
De acuerdo con reportes periodísticos, la parlamentaria sostuvo públicamente que en ese lugar se acompaña a las menores para continuar la gestación. En ese contexto, se habrían difundido fotografías y registros de actividades en los que las niñas aparecían junto a ella, lo que generó cuestionamientos por su exposición pública.
"En los últimos días se han difundido mentiras y desinformación con el propósito de desacreditar mi trabajo", dijo la pastora en redes sociales. Además, aclaró con firmeza que "el albergue que fundé protege a menores víctimas de violencia, funciona dentro del marco legal, no recibe recursos del Estado y nunca tuvo fines políticos. Las recientes imágenes corresponden únicamente a la participación de un coro, donde todas las menores se vistieron igual para su presentación".
La controversia escaló cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispuso acciones de intervención y supervisión en el centro para verificar si se cumplían los estándares de protección y atención integral a las menores. El objetivo, según la entidad, es determinar eventuales responsabilidades frente a posibles vulneraciones de la normativa vigente.
En medio de la polémica, la congresista difundió un comunicado en el que defendió el funcionamiento del refugio y sostuvo que el espacio ha sido supervisado previamente por autoridades. Según afirmó, el lugar “ha sido visitado en diversas oportunidades por ministras de la Mujer con una valoración positiva”.
La parlamentaria también remarcó el rol que, a su juicio, cumple el centro en la atención de menores y madres en situación de vulnerabilidad. “Todas las adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebés, en extrema pobreza, que acoge, cuida y protege el Refugio Casa del Padre son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna”, señaló.
Estas declaraciones forman parte de la defensa pública que la legisladora ha presentado frente a los cuestionamientos políticos, la intervención estatal al albergue y la denuncia penal en curso, que busca determinar si existieron vulneraciones a los derechos de las menores atendidas.
Denuncia penal ¿por manejo inapropiado?
En paralelo, se presentó una denuncia penal contra la congresista por el manejo del refugio y por presuntamente imponer la continuidad del embarazo a niñas víctimas de violación, además de cuestionamientos sobre la exposición de menores en actividades públicas.
Jáuregui respondió a las críticas y negó haber expuesto a menores, afirmando que el rechazo responde a posiciones políticas en su contra. La legisladora aseguró que el albergue funciona desde hace años y que su objetivo es brindar apoyo a niñas en situación de vulnerabilidad y a sus hijos.
El caso también generó repercusiones políticas. Su propio partido tomó distancia de la difusión de imágenes de menores y señaló que esa exposición no fue promovida institucionalmente, en medio de un debate público sobre la protección de la infancia y el rol de organizaciones sociales y religiosas en la atención a víctimas de violencia sexual.
Organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos pidieron que se investigue si el funcionamiento del refugio puso en riesgo a las niñas atendidas y si se respetaron los protocolos de protección integral.
Las investigaciones fiscales y administrativas continúan en curso y deberán establecer si existieron responsabilidades legales en la gestión del albergue, la exposición pública de menores y la atención brindada a niñas víctimas de violencia sexual en ese centro.
Respaldo cristiano
Organizaciones e iglesias evangélicas presentaron su apoyo a Jauregui como es el caso de la Iglesia Cristiana Pentecostes del Perú Movimiento Misionero Mundial. "Recibo con profunda gratitud el respaldo del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, en tiempos en los que se intenta desvirtuar una labor de años en favor de los más vulnerables. Su apoyo nos fortalece para seguir defendiendo la vida, la familia y los valores que cimentan nuestra nación. No daremos ni un paso atrás en la protección de quienes no tienen voz", señaló la congresista en sus redes sociales.
Además en otra publicación, la pastora aseguró que "El verdadero compromiso ha sido trabajar incansablemente por la niñez peruana: proteger su dignidad, garantizar su derecho a una salud integral, eliminar el lenguaje inclusivo de los textos escolares y promover adopciones con plazos más justos y humanos. Cuando se trata de los niños, no se negocia".
Otro que se hizo eco fue el Dr. Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberomérica mediante un video donde "felicita" por la función legislativa que protege a la familia. Además hablándole en primera persona Porras dijo "quiero respaldarte y animarte a que puedas continuar tu misión legislativa desde el Senado del Perú para poder seguir trayendo leyes que protejan a la familia".
