Un pastor evangélico ha recibido la orden de abandonar su hogar e iglesia en el suroeste de Colombia por parte del consejo indígena local. El ultimátum advierte de un castigo no especificado si él y su familia permanecen.
El pastor Aristides Chocue, quien dirige una pequeña iglesia en el pueblo de Betania, recibió un plazo hasta el 17 de octubre para irse, luego de que el consejo se reuniera el 2 de octubre para decidir su caso, según informó el grupo de derechos religiosos con sede en el Reino Unido, Christian Solidarity Worldwide (CSW).
Betania es parte del Cauca, un departamento montañoso y propenso a conflictos donde muchas comunidades son gobernadas por autoridades indígenas tradicionales.
Chocue ha vivido y trabajado en Betania desde febrero de 2022. Los líderes locales le han ordenado repetidamente que realice actividades religiosas solo de acuerdo con las costumbres tradicionales. Sin embargo, él se ha negado, alegando que su derecho a practicar libremente su culto está protegido por la ley colombiana y los tratados internacionales. Respaldado por la Iglesia Cristiana Evangélica Nasa, Chocue dijo que tiene la intención de continuar con su trabajo.
El pastor dijo que la iglesia le ha pedido que se quede y que tiene la intención de continuar con su trabajo a pesar de las amenazas.
“La iglesia me dice que continúe, que no los abandone. Planeo seguir trabajando, confiando en Dios”, le dijo a CSW. “Sin embargo, la comunidad ya tiene un historial de violencia contra los miembros de la iglesia, y esto podría volver a ocurrir conmigo y mi familia”.
La tensión religiosa en Betania se ha estado gestando durante más de una década. Los cristianos evangélicos allí han reportado amenazas, acoso y cierres de sus iglesias. En 2012 y nuevamente en 2021, los edificios utilizados por grupos cristianos fueron atacados violentamente por autoridades tradicionales, señaló CSW.
Una resolución formal aprobada el 2 de noviembre de 2021 prohibió todas las conversaciones con iglesias cristianas y ordenó el cierre de sus espacios religiosos. Esa directiva, que sigue vigente, viola las garantías constitucionales de libertad religiosa en Colombia e incumple obligaciones legales internacionales, incluida la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según afirma CSW.
Los niños de familias evangélicas también se han visto afectados. Algunos han sido castigados en la escuela por negarse a participar en ceremonias tradicionales. Según se informa, a otros se les ha negado el acceso completo a los servicios de salud y educación debido a las creencias religiosas de sus familias.
Un líder evangélico local le dijo a CSW: “Nos dicen que debemos aceptar su ideología o retirarnos. Pero solo queremos vivir en paz, educar a nuestros hijos y seguir nuestras creencias sin miedo”.
Los evangélicos locales dijeron que pidieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría de Colombia que intervinieran, advirtiendo sobre la amenaza de desplazamiento forzado. Pero según se informa, esas instituciones remitieron el asunto a las autoridades indígenas, diciendo que no estaba dentro de su jurisdicción.
A pesar de la creciente tensión, los líderes evangélicos de la región dicen estar abiertos al diálogo si se cumplen ciertas condiciones. Están pidiendo una disculpa pública por parte del consejo tradicional, protección para los niños que se niegan a participar en los rituales indígenas y el fin de lo que describen como discriminación religiosa. “Queremos paz, pero con justicia y respeto por nuestra fe”, dijo un portavoz.
Anna Lee Stangl, directora de incidencia política de CSW, dijo que el gobierno colombiano tiene el deber de defender la libertad religiosa para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que viven bajo el gobierno indígena. Ella pidió medidas inmediatas para reiniciar el diálogo entre el consejo de Betania y los representantes evangélicas.
La presión sobre Chocue llega en un momento en que la comunidad evangélica de Colombia ya está de luto por una tragedia aparte.
En julio, las autoridades descubrieron una fosa común en el municipio rural de Calamar, en el departamento de Guaviare, que contenía los restos de ocho pastores evangélicos que habían estado desaparecidos durante meses. Las víctimas eran de Arauca y habían viajado a la zona para realizar trabajo humanitario y espiritual.
Los investigadores dicen que el grupo fue convocado en abril por miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La convocatoria provino de una facción llamada Frente Armando Ríos, bajo el mando de Iván Mordisco. Las autoridades creen que los asesinatos tenían como objetivo evitar lo que el grupo sospechaba que era una expansión del Ejército de Liberación Nacional, o ELN, en la región. Los fiscales han dicho que no hay pruebas que vinculen a los pastores con ninguno de los grupos armados.
