Ocho miembros de iglesias evangélicas, incluidos pastores, líderes y madres de familia, cumplen más de 40 días desaparecidos en una remota zona del sur colombiano tras haber sido citados a una supuesta reunión por disidencias de las FARC.
Desde el 3 de abril no se tienen noticias de su paradero, según reportaron testigos que afirman haberlos visto ser llevados en lancha por integrantes del grupo armado conocido como Frente Primero, liderado por alias “Calarcá”.
Entre los desaparecidos están los pastores Carlos Valero, Isaías Gómez y Nixon Peñaloza, así como Marjorie Hernández, James Caicedo y Mary Silva. Varios de ellos son padres y madres, y han dejado hijos pequeños huérfanos de entre 4 y 10 años.
El municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, es una de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales que imponen restricciones a la práctica religiosa y limitan el movimiento de líderes cristianos y misioneros.
Familiares de los desaparecidos han alzado la voz, denunciando la falta de acción de las autoridades. “Si fuera otra región, ya habría operativos”, reclamaron. A pesar de los llamados, no se ha anunciado ninguna operación de rescate ni avances en la investigación.
La senadora Lorena Ríos, reconocida defensora de la libertad religiosa, ha exigido respuestas al Estado colombiano, pero hasta el momento no se ha informado de acciones concretas para localizar a los cristianos desaparecidos.
La organización internacional Christian Solidarity Worldwide también ha pedido al gobierno actuar con urgencia ante lo que califican como “una desaparición forzada relacionada con la fe”.
Este caso refleja una preocupante realidad para las comunidades cristianas en zonas de conflicto, donde la libertad religiosa se ve amenazada por la imposición de normas por parte de grupos armados. “Este caso evidencia la crisis de libertad religiosa en zonas de conflicto, donde grupos armados imponen sus leyes”, señala el comunicado conjunto de varias iglesias locales.
La organización Puertas Abiertas (Open Doors) incluye a Colombia en su lista de países bajo vigilancia por persecución religiosa, destacando especialmente el riesgo en territorios controlados por actores armados ilegales.
Mientras continúa el silencio de las autoridades y la angustia de los familiares, las iglesias evangélicas en Colombia y en el extranjero están solicitando una investigación urgente, acompañamiento internacional y protección efectiva para los líderes cristianos en regiones vulnerables.
