En un hecho que ha estremecido al país, las autoridades colombianas localizaron este martes una fosa común en una zona rural del municipio de Calamar, departamento de Guaviare, que contenía los cuerpos de ocho líderes religiosos cristianos. Las víctimas, oriundas de Arauca, cumplían labores humanitarias y espirituales en esa región cuando resultaron desaparecidas.
Según los primeros informes de la Fiscalía, estos líderes fueron convocados en abril por disidencias de las FARC, específicamente por el Frente Armando Ríos bajo órdenes de alias Iván Mordisco. Se presume que el crimen tuvo como fin bloquear el supuesto surgimiento de una célula del ELN, aunque las autoridades no hallaron evidencia de nexos entre las víctimas y esa guerrilla.
El hallazgo fue posible gracias a la captura de un guerrillero en mayo, cuyo teléfono móvil contenía fotografías de los líderes retenidos y, posteriormente, del crimen, lo que permitió ubicar la fosa y proceder con su exhumación.
Las personas desaparecidas son James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza y Jesús Valero. Los antes mencionados integran los concilios evangélicos Alianza de Colombia y Cuadrangular.
Pronunciamiento oficial de CEDECOL
Frente a este crimen, la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) emitió un comunicado en el que expresó su enérgico rechazo y solidaridad con las familias afectadas y las comunidades cristianas que hoy lloran esta pérdida.
“Solicitamos oración por paz y consolación a estas familias; elevamos una voz firme de clamor y exigencia a las autoridades para que estos crímenes no queden impunes, se avance con celeridad en las investigaciones y se brinden garantías reales para la protección de la vida e integridad de quienes ejercen liderazgo espiritual en las regiones más vulnerables del país”, señala el comunicado.
Asimismo, CEDECOL reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la verdad, la justicia y la paz en Colombia, y pidió oraciones por la restauración del tejido social y el consuelo de quienes han sido golpeados por esta tragedia. El pronunciamiento concluyó recordando el pasaje bíblico de Mateo 5:10: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.”
Reacciones oficiales y contexto sociopolítico
El presidente de Colombia Gustavo Petro condenó públicamente el asesinato y lo calificó como una grave violación de derechos humanos. Instó al fortalecimiento de la presencia estatal y de seguridad en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
Por su parte, la hija de una las víctimas le dijo al diario SEMANA que el llamado que le hacen al gobierno de Petro es "que estén presentes y que se eviten este tipo de situaciones, porque actualmente dos grupos armados están disputándose el territorio y el que queda en medio es el campesinado y no hay ninguna respuesta del Estado, no hay protección del Estado. O sea, aquí realmente estamos solos en una guerra entre dos grupos armados”, explicó.
Organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también se pronunciaron, advirtiendo que este tipo de crímenes “silencian voces esenciales” en las comunidades y profundizan la crisis humanitaria en zonas rurales.
El alcalde de Calamar —municipio donde se halló la fosa— expresó que la población se siente “sola” y urgió al Gobierno Nacional a intervenir, en lugar de distraerse con actividades festivas. Exigió atención inmediata ante la grave crisis de seguridad que enfrenta su comunidad, según informó El País.
La situación de orden público en la zona sigue siendo muy compleja sin que nadie haga nada porque las disidencias amenazan hasta a los alcaldes de los municipios que integran este departamento.
Cifras y panorama del conflicto
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este caso se convirtió en la masacre más numerosa en lo que va de 2025 en Colombia. Hasta la fecha, se han registrado más de 30 homicidios múltiples en zonas rurales, especialmente en regiones donde existen disputas territoriales entre las disidencias de las FARC y el ELN.
Guaviare ha sido escenario de recurrentes enfrentamientos entre las estructuras de alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Solo en enero pasado, se reportó la llegada de 20 cuerpos a la morgue local tras fuertes combates.
Este crimen deja al descubierto la alarmante vulnerabilidad de líderes sociales y religiosos en regiones controladas por actores armados ilegales. El hallazgo, la rápida acción de las autoridades y el rechazo unánime de la sociedad civil y la comunidad religiosa constituyen un llamado urgente a garantizar el derecho a la vida, la fe y la labor comunitaria en zonas afectadas por la violencia.
El pronunciamiento de CEDECOL subraya que, más allá de la condena, se requiere celeridad en las investigaciones, protección para los líderes espirituales y verdadero compromiso institucional para salvaguardar a quienes, desde la fe y la solidaridad, trabajan por la paz en Colombia.
