El Gobierno de México ha desatendido dos investigaciones internacionales sobre posibles violaciones a la libertad de expresión, relacionadas con las condenas a los políticos Rodrigo Iván Cortés y Gabriel Quadri por publicaciones en redes sociales. Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado respuestas al Estado mexicano, sin recibir una respuesta en los plazos establecidos.
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En el caso de Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación tras su condena en 2022 por publicaciones en Twitter (ahora X), en las que se refirió a la diputada Salma Luévano, una de las primeras legisladoras trans en México, con términos considerados ofensivos. La sentencia incluyó una sanción económica y la obligación de emitir una disculpa pública.
La organización ADF International, que representa legalmente a Cortés, argumenta que esta decisión judicial vulnera su derecho a la libertad de expresión. "El silencio del gobierno mexicano es preocupante y muestra una falta de compromiso con las normas internacionales de derechos humanos", declaró Kristina Hjelkrem, asesora legal de ADF International.
Por su parte, Iván Cortés ha expresado su preocupación por el impacto de su caso en la libertad de expresión en el país. "Estoy siendo castigado por expresar mi punto de vista en redes sociales sobre políticas públicas que afectan a la sociedad", declaró.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sigue a la espera de una respuesta oficial de México. De no recibirla, podrá emitir una resolución basada únicamente en la información proporcionada por los demandantes, lo que podría tener repercusiones en futuras decisiones sobre libertad de expresión en la región.
En un caso similar, el excongresista y excandidato presidencial Gabriel Quadri también fue condenado en mayo de 2022, siendo declarado "violador político contra las mujeres" por sus publicaciones en Twitter/X sobre cuestiones de género. Quadri había expresado su preocupación sobre la participación de personas trans en espacios políticos reservados para mujeres, lo que fue considerado discriminatorio por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
El tribunal ordenó a Quadri eliminar sus publicaciones, emitir una disculpa pública y registrarse como un violador político por motivos de género. En respuesta, Quadri, con el apoyo de ADF International, apeló ante la CIDH, alegando que el Estado mexicano había violado su derecho a la libertad de expresión.
En marzo de 2023, la CIDH solicitó al gobierno mexicano responder al caso, pero no obtuvo respuesta. Como resultado, la Comisión anunció que el proceso continuará sin la participación del Estado mexicano. "La falta de respuesta de México al caso de Gabriel Quadri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencia un claro desprecio por el derecho humano básico a la libertad de expresión", afirmó Sean Nelson, asesor legal de ADF International.
El caso de Quadri ha generado un intenso debate en México sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección contra la discriminación. Mientras que algunos sectores consideran que sus declaraciones constituyeron discurso de odio, otros argumentan que fueron expresiones legítimas sobre políticas públicas.
"Estoy siendo castigado por expresar mi punto de vista en redes sociales sobre políticas públicas que afectan a la sociedad" - Rodrigo Iván Cortés
El avance de ambos casos sin la participación del gobierno mexicano podría sentar un precedente relevante para futuros litigios internacionales sobre libertad de expresión. Expertos en derechos humanos advierten que estas resoluciones podrían incentivar a otros ciudadanos y organizaciones a recurrir a instancias internacionales cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados por decisiones judiciales nacionales.
Hasta el momento, el gobierno de México no ha emitido ninguna declaración pública sobre el desarrollo de estos casos. Mientras tanto, organismos internacionales y defensores de derechos humanos continúan observando de cerca la situación, enfatizando la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección contra la discriminación y la garantía del derecho a la libre expresión en el país.
