El gobierno de Claudia Sheinbaum en México busca en las iglesias evangélicas interlocutores para su estrategia de paz. Mediante encuentros con dirigentes y convocatorias al desarme, la administración mexicana reconoce un papel para las comunidades religiosas en la prevención de la violencia.
Una de las expresiones más concretas de ese acercamiento surgió durante la presentación de la estrategia nacional "Sí al Desarme, Sí a la Paz". La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que buscarían la colaboración de líderes de distintas denominaciones evangélicas para convencer a las familias de los riesgos de conservar armas en sus hogares. La convocatoria incluyó también a otras iglesias.
Para las congregaciones, esa invitación abre un espacio de participación en un problema que afecta a sus comunidades. También plantea cómo acompañar una política de prevención de la violencia y mantener la libertad de cuestionar las decisiones del gobierno.
Los anuncios oficiales consultados no detallan cuántas congregaciones participan ni los resultados de esa colaboración.
Un diálogo anterior a la presidencia
El diálogo precede a la presidencia de Sheinbaum. En septiembre de 2023, cuando encabezaba el movimiento oficialista rumbo a las elecciones, se reunió con representantes bautistas, metodistas, presbiterianos y pentecostales, entre otros. Según informó entonces La Jornada, los invitó a sumar esfuerzos para la construcción de paz desde sus comunidades de fe.
La interlocución continuó durante su administración. El 6 de noviembre de 2025, Gobernación informó de una reunión con representantes evangélicos de Michoacán. Rodríguez señaló que esos encuentros respondían a instrucciones de la presidente para escuchar las inquietudes del sector religioso y sumar esfuerzos en la construcción de paz.
Estos encuentros documentan un canal de comunicación con el Ejecutivo. Su existencia, sin embargo, no permite atribuir una posición política común a las iglesias participantes ni extender el respaldo de determinados dirigentes al conjunto de los creyentes evangélicos.
El antecedente de la "Cartilla Moral"
La relación con el oficialismo tiene antecedentes que ayudan a entender las preguntas actuales. En 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la participación anunciada de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, en la distribución de la "Cartilla Moral" provocó cuestionamientos sobre la separación entre las iglesias y el Estado. La agrupación República Laica expresó su preocupación en una carta dirigida al presidente y a Gobernación.
Con Sheinbaum, las iniciativas aquí documentadas giran alrededor del desarme y la atención a las inquietudes de las comunidades religiosas. Para conocer cómo se traduce esa convocatoria en las congregaciones, todavía falta precisar qué compromisos asumieron sus dirigentes, qué tareas realizan y cómo evalúan su participación.
Los límites de la proximidad política
La proximidad política también encuentra límites visibles. Claudia Sheinbaum Pardo se inconformó por el uso de las siglas "CSP" de Construyendo Sociedades de Paz, una organización vinculada con grupos evangélicos y con los antecedentes del Partido Encuentro Social. En febrero de 2026, el Tribunal Electoral ordenó preventivamente a la agrupación utilizar su nombre completo y evitar esas siglas mientras el INE se pronunciaba, como reportó oportunamente El País.
El episodio obliga a distinguir entre las congregaciones, las organizaciones que reúnen a sus dirigentes y los proyectos partidistas vinculados con algunos sectores evangélicos. Cada relación con el gobierno requiere un examen propio.
Las adquisiciones inmobiliarias abren otra pregunta
En paralelo, una investigación de Reporte Índigo informó de 675 inmuebles adquiridos por asociaciones evangélicas durante las administraciones de López Obrador y Sheinbaum, según registros de Gobernación obtenidos por transparencia. La publicación no demuestra que el gobierno financiara esas operaciones ni que constituyeran una recompensa por apoyo político, sólo lo sugiere.
La participación de Gobernación en esas adquisiciones responde a una atribución legal. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece un procedimiento de declaratoria de procedencia para adquirir inmuebles. Por sí sola, una autorización administrativa no acredita favoritismo. Artículos 16 a 18 de la ley.
Para las iglesias convocadas a colaborar en la estrategia de paz, la pregunta inmediata gira alrededor del alcance de su participación y las condiciones de esa cooperación. Los documentos públicos muestran que el gobierno quiere contar con ellas. Falta conocer con mayor detalle cómo las propias comunidades definen esa colaboración y qué mecanismos utilizan para preservar su autonomía.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional.
Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina (AEL) y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA).
Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Luis Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.
