La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) expresó su preocupación por el acuerdo migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos, mediante el cual el país centroamericano recibiría personas deportadas por autoridades estadounidenses. El posicionamiento se difundió en un comunicado oficial fechado el 14 de abril de 2026 y se vincula con la información publicada por la Federación Luterana Mundial en su página web.
En su pronunciamiento, la ILCO cuestiona el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre ambos gobiernos. Señala que este mecanismo compromete a Costa Rica a recibir un número determinado de personas migrantes expulsadas desde Estados Unidos, lo que, según advierte, podría derivar en situaciones contrarias a los derechos humanos.
Detalles del Acuerdo (2026):
- Finalidad: Gestionar flujos migratorios irregulares y fomentar el retorno seguro.
- Traslados: Estados Unidos puede proponer el traslado de hasta 25 personas (grupos familiares) por semana.
- Soberanía: Costa Rica mantiene la facultad de aceptar o rechazar a las personas o nacionalidades propuestas.
- Estatus: Las personas trasladadas recibirán una condición legal temporal, bajo el principio de no devolución.
- Costos: El acuerdo no genera costos directos para el Estado costarricense.
La iglesia fundamenta su postura en su trayectoria de más de 35 años de trabajo con población migrante y refugiada. Indica que esta labor se concreta, entre otras acciones, a través del Albergue Bet Lehem, donde brindan asistencia sin distinción de origen, religión o condición social. Desde esa experiencia, afirma que el nuevo acuerdo genera inquietud por sus posibles consecuencias prácticas.
El documento denuncia que en experiencias previas se registraron condiciones que vulneraron la dignidad de las personas deportadas. Menciona casos de aislamiento bajo custodia y limitaciones a la libertad de movimiento, situaciones que, según la ILCO, contradicen la tradición costarricense de acogida y protección a quienes buscan refugio.
Asimismo, la institución critica las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, al considerar que promueven mecanismos de persecución, detención y deportación que no respetan estándares internacionales ni principios humanitarios.
En ese marco, la ILCO sostiene que Costa Rica no debe convertirse en parte de una “cadena de injusticia” y pide a las autoridades nacionales mayor transparencia. Entre los reclamos concretos, solicita la publicación del texto completo del acuerdo, precisiones sobre la condición migratoria temporal de las personas deportadas y garantías claras de respeto a sus derechos fundamentales.
El pronunciamiento también exige que se aseguren condiciones dignas para quienes lleguen al país, incluyendo acceso a alimentación, atención médica, libertad de tránsito y la posibilidad de no ser trasladados a destinos no deseados.
Finalmente, la iglesia reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la atención a personas migrantes. Señala que continuará trabajando junto a organizaciones civiles y redes como REDNAM, al tiempo que llama al gobierno costarricense a mantener su histórica política de respeto y protección hacia las personas refugiadas.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional. Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Evangelística Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.
