El Gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria que busca ampliar la base de contribuyentes en Colombia. Una de las medidas más llamativas es que las iglesias deberán pagar impuesto de renta por sus actividades comerciales, aunque se mantendrán exentas las labores estrictamente religiosas como reuniones congregacionales, misas, cultos u oraciones.
La iniciativa, radicada el 1 de septiembre, tiene como meta recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de 2026, el más alto en la historia del país, calculado en 556,9 billones de pesos, según infomó Reuters.
Hace tiempo que el gobierno colombiano estudia la propuesta de obtener una porción de la renta religiosa. Tal como informó Diario Cristiano este tema ya había sido discutido en 2022, cuando un proyecto similar no logró avanzar en el Congreso.
Pero... ¿Qué cambia con la propuesta?
Las iglesias y confesiones religiosas deberán separar en su contabilidad los ingresos provenientes del culto de aquellos generados por actividades mercantiles, como alquileres de salones, cafeterías, colegios o medios de comunicación. Solo éstos estarán sujetos al impuesto de renta, como explica una nota publicada en La República.
Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en 2019 y 2020 las iglesias registraron ingresos brutos de 4,7 billones y 4,1 billones de pesos respectivamente, con patrimonios superiores a los 12 billones de pesos.
Para el economista Salomón Kalmanovitz, hoy ese patrimonio ronda los 19 billones, equivalentes a cerca del 2% del PIB colombiano, según lo publicado por Infobae.
El anuncio llega después del Decreto 0572 de 2025, que ya había generado debate al establecer impuestos sobre servicios ofrecidos por instituciones religiosas, como alquileres o cafeterías, y aplicar retenciones a donaciones y ofrendas. Críticos señalaron entonces que se trataba de un exceso de regulación sin pasar por el Congreso.
Voces a favor y en contra
La medida ha encendido la discusión política y religiosa. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, rechazó el proyecto: “El Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social. Volveré a dar la batalla para que no se impongan impuestos mediante leyes ordinarias improcedentes e inconstitucionales”.
En tanto que, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, respaldó parcialmente la idea. “Las labores de las iglesias que no son estrictamente de culto pueden ser objeto de tributación. Los cultos religiosos deben seguir siendo exentos”, indicó. Sin embargo, advirtió que no se debe aprobar una nueva tributaria sin comprometerse también a recortar gasto público.
Euclides Eslava, teólogo de la Universidad de La Sabana, alertó sobre el posible impacto social, dado que según él “las obras educativas y sociales de las iglesias podrían verse afectadas por una mala legislación tributaria. Hay que diferenciar lo sacramental, que no debe gravarse, de lo comercial, que sí lo es”.
Además para Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, muchas iglesias ya tributan. “Es una falacia decir que las iglesias no pagan impuestos. Más de 14.000 declarantes ya cumplen obligaciones por ingresos no vinculados al culto, incluso con renta o ICA”.
Un debate global
Colombia no es el único país en discutir el tema. En México, Chile y Costa Rica, las donaciones y diezmos están exentos, pero los ingresos por negocios sí tributan. En Alemania, Austria o Suiza, existe incluso un “impuesto eclesiástico” que los fieles pagan de forma obligatoria, mientras que en España y Portugal es voluntario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la propuesta como una estrategia para garantizar estabilidad fiscal y ampliar la equidad en el sistema. En su visión, gravar a instituciones con ingresos millonarios, pero solo en sus actividades comerciales, permite fortalecer las finanzas públicas sin afectar a los contribuyentes de menores ingresos.
