En una nueva ofensiva contra instituciones educativas y religiosas, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó el histórico Colegio San José, administrado por la congregación de las hermanas josefinas en Jinotepe, con 40 años de trayectoria.
La vicepresidente Rosario Murillo confirmó la medida y anunció que el centro pasará a llamarse “Bismarck Martínez”, en honor a un simpatizante sandinista desaparecido en 2018 durante los tranques en Carazo.
En su intervención, Murillo acusó al colegio de ser “un centro donde se torturó y se asesinó” durante las protestas de 2018, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos. Según la agencia EFE, las religiosas fueron señaladas como presuntas responsables de esos supuestos “delitos”, de acuerdo con la mandataria.
La congregación fue notificada y obligada a desalojar de inmediato las instalaciones, entregando toda la documentación del centro.
La comunidad educativa recibió la noticia con indignación y preocupación. Padres de familia advirtieron que la medida constituye “un robo descarado” y temen que el nuevo modelo educativo esté orientado al adoctrinamiento oficialista.
Cecilia, madre de una alumna, expresó que las monjas “lo único que hicieron fue atender heridos y refugiar a la población frente a las balas y la represión durante 2018”, y lamentó que su hija pueda terminar en “un colegio donde lo único que habrá es adoctrinamiento de una dictadura”.
Martha Patricia Molina, investigadora y autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, calificó la acción como “una infamia para la libertad religiosa”. Recordó que las hermanas josefinas, presentes en el país desde 1915, siempre han promovido una educación basada en valores cristianos, humanistas y en el amor al prójimo.
Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta en X, consideró la confiscación como “una prueba más de que la perversidad de la dictadura de Murillo-Ortega no tiene límites”.
La expropiación del Colegio San José se suma a una serie de confiscaciones de propiedades de la Iglesia católica y de centros educativos independientes.
En enero pasado, el régimen ya había incautado dos edificios pertenecientes a la Iglesia: el seminario San Luis Gonzaga, de la diócesis de Matagalpa, y el centro de retiro espiritual La Cartuja. Estas medidas profundizan el control del gobierno de Ortega y Murillo sobre el sistema educativo y, según denuncian críticos y defensores de derechos humanos, limitan el derecho constitucional a la libertad de educación y de religión.
Las relaciones entre la Ciudad del Vaticano y Managua atraviesan un momento de máxima tensión, marcado por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalización de obispos y sacerdotes, la prohibición de actividades y procesiones religiosas, y la suspensión de relaciones diplomáticas.
