El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha intensificado su control sobre líderes cristianos, imponiendo restricciones severas a sus actividades religiosas y sociales. Según informes de Puertas Abiertas, desde marzo de este año 2025, las autoridades han incrementado la vigilancia sobre iglesias, especialmente enfocándose en sus líderes. Se les exige entregar informes semanales de actividades, se revisan sus teléfonos celulares y se restringe su libertad de movimiento.
Los líderes cristianos que permanecen en el país están obligados a limitar sus sermones a contenidos exclusivamente teológicos, evitando cualquier crítica social. Las autoridades realizan visitas regulares a sus hogares para supervisar sus comunicaciones y mensajes.
En este contexto, el gobierno ha cerrado más de 5.660 organizaciones sin fines de lucro en los últimos cinco años, incluyendo numerosas iglesias y grupos religiosos. Entre los cierres más recientes se encuentran la Asociación Cristiana del Monte de la Santa Unción y el Ministerio de la Iglesia Misionera Pentecostal Evangélica.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para silenciar a las instituciones religiosas en Nicaragua, tratándolas como amenazas por no alinearse con el régimen. La comunidad internacional, incluyendo el Parlamento Europeo, ha condenado repetidamente el avance autoritario en el país.
La situación continúa deteriorándose, con líderes cristianos enfrentando presiones, vigilancia y restricciones que limitan su libertad de culto y expresión.
El régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega desde 2018 ha emprendido abiertamente una guerra contra los cristianos en represalia por la oposición pacífica a una reforma de la seguridad social, señaló el informe del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ), con sede en Estrasburgo, Francia.
