El pasado 30 de enero, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en segunda lectura la reforma final de la Constitución. Este parlamento unicameral, actualmente dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha consolidado el poder del presidente Daniel Ortega, otorgándole un control absoluto sobre los poderes legislativo, judicial y electoral. De 79 años de edad lleva cuatro mandatos presidenciales consecutivos además de otro período anterior entre 1985 y 1990.
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Además, la reforma introduce el inédito título de "copresidente" para su esposa, Rosario Murillo, cuya influencia en el gobierno ha generado desconfianza entre muchos nicaragüenses debido a sus conocidas inclinaciones hacia el ocultismo, lo que le ha valido apodos como "chamuca" y “bruja". De esta manera el Ejecutivo sería liderado por “un copresidente y una copresidenta”, que ejerza la Jefatura Suprema del Ejército, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Ambos gozarán de immunidad total y absoluta.
En tal sentido el politólogo nicaragüense José Antonio Peraza dijo al periodista Miguel Mendoza que "la arbitrariedad que está cometiendo la Asamblea Nacional y todo el régimen en general, son ya inmencionables. Por lo menos Somoza [Anastasio Somoza, dictador expresidente de Nicaragua] guardaba las formas. Estos no guardan ninguna forma. Simplemente hicieron una reforma constitucional que no es una reforma sino una reforma total porque cambia el sistema político. Cuando haces un cambio tan drástico tenes que hacer una consulta, una asamblea nacional constituyente que nombre a los constituyentes que van a escribir esa nueva constitución. En el caso nicaragüense no se dio nada de eso" en el sentido de nombrar a la esposa del presidente como "co-presidente sin haber pasado por ningún proceso de validación. Ellos decidieron hacer la Constitución a su medida y violentar todos los principios juridicos", sentenció.
El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos en Nicaragua dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, Jan-Michael Simon, habría señalado en noviembre pasado que esta reforma otorga al gobierno de Ortega “un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”, según lo publicado por la propia ONU. Simon también señaló que todo parece indicar que el objetivo del gobierno nicaragüense es “legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”.
En ese sentido Peraza también afirmó que "hemos regresado a una sociedad donde las leyes no existen... por lo tanto donde no hay leyes cualquier cosa es posible. Cualquier abuso es posible".
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es el artículo 14 de la nueva Constitución, que, a primera vista, parece garantizar la libertad religiosa. Sin embargo, su redacción ambigua deja margen para interpretaciones que podrían facilitar la represión estatal.
El texto establece que "el Estado es laico y asegura la libertad de culto, de fe y de prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias". Pero, acto seguido, introduce restricciones al señalar que "bajo la protección de la religión, ninguna persona u organización puede dedicarse a actividades que atenten contra el orden público. Las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.
Esta formulación implica que la religión podría ser vista como una amenaza al Estado, permitiendo que el gobierno limite el ejercicio de la fe cuando lo considere necesario. Además, podría interpretarse que cualquier conexión internacional de las instituciones religiosas representa un peligro para la seguridad nacional.
Esta situación ha sido motivo de alarma entre organizaciones defensoras de la libertad religiosa en América Latina, que han advertido que la aplicación discrecional de esta normativa podría traducirse en persecuciones arbitrarias. Algo que en cierta medida, ya está ocurriendo.
El verdadero problema radica en quién define qué actividades religiosas son legales y cuáles no. En un país donde Ortega tiene el control total del poder judicial, "la ley" se reduce a su voluntad. Esta dinámica recuerda a regímenes comunistas como la Unión Soviética y la República Popular China, donde la libertad religiosa existía en el papel, pero en la práctica era severamente reprimida.
Para Juan Diego Barberena, abogado miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, "esto tiene una naturaleza política. Estamos ante un problema de poder" y la situación según él tiene varias explicaciones. "La primera es sustraerle a todos los ciudadanos sus derechos. Es decir, que ya los ciudadanos no sean sujeto de derecho. Sino que sean objetos del grupo que dentente el poder político de Nicaragua". La segunda cuestión sería que el gobierno de Ortega-Murillo necesita "manifestar el control total de todo espacio político, social y religioso, y mostrar que eso no tiene ninguna consecuencia", según lo que le mencionó a Miguel Mendoza en su programa de streaming en X, El Informante.
Lo tercero "fundamental" para Barbena es que "ellos necesitaban una formula juridica para resolver la sucesión dinástica". No sólo para Rosario Murillo cuando Daniel Ortega muera sino también, "les están asegurando un lugar en la línea sucesoria a sus hijos con la posibilidad de nombrar a vicepresidentes", indicó.
"Lo que han aprobado es una regla del juego para favorecer a una sola familia, que es la familia Ortega Murillo que han avanzado muchisimo más de lo que avanzó la familia Somoza. Y que esta reforma, al igual que [José Santos] Zelaya que en 1906, Daniel Ortega ha creado una nueva Constitución a su medida. Pero que, al igual que Zelaya, va a caer. Aún con su Constitución, aún con su regla, aún con su ejército, aún con sus propios adeptos", puntualizó Barbena.
La reciente escalada de hostilidades contra la Iglesia (católica y evangélica) en Nicaragua confirma estas preocupaciones. Días antes de la aprobación de la reforma, el gobierno confiscó bienes de varias órdenes religiosas y expropió tres monasterios de las monjas clarisas. Además, las fuerzas de seguridad allanaron la curia de Matagalpa y el dispensario Nazaret de los franciscanos en San Rafael del Norte, intensificando la persecución contra la Iglesia. Sumado a lo que ya viene haciendo con ministerios e iglesias evangélicas, donde despojó de bienes y encarceló funcionarios (pastores, líderes, administradores, etc).
Otra disposición inquietante es el artículo 97, que establece una nueva policía ciudadana voluntaria, similar a las "milicias ciudadanas" del Partido Comunista Chino. En Nicaragua, esta medida solo servirá para legalizar los grupos paramilitares que el régimen utiliza para reprimir protestas, disidencias y, por supuesto, la actividad religiosa.
Si seguimos la suceción de hechos desde el pasado 30 de enero a la fecha, aún no se oficializó la nueva reforma aún. Según Barbena es la "Constitución 'non nata' orteguista de 2025". Es decir, un texto no nacido, no existente, no promulgado y, como tal, falto de legitimidad.
Para Barbena esta Constitución "carece de eficacia y fuerza jurídica porque no ha sido promulgada por los Ortega-Murillo en el plazo de 15 días que señala la Constitución y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional en los artículos 125 y 128. Tampoco, como impone el último de estos preceptos –y el artículo 141. 8 y 10 de la vigente Constitución– ha sido mandada a publicar por el presidente de la Asamblea, en defecto de Ortega, tras vencer los 15 días".
