La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió otorgar un amparo provisional que permite la realización del desfile del orgullo LGBTIQ+, pero bajo condiciones específicas que buscan proteger los valores espirituales y morales de la sociedad, especialmente en lo que respecta a los menores de edad.
La resolución ordena a las autoridades encargadas —incluyendo a la Policía Nacional Civil y a la Procuraduría de los Derechos Humanos— garantizar que durante el evento se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En palabras de la Corte, se debe evitar su exposición a “informaciones, expresiones y material incompatible con su estado de niñez”, subrayando la importancia de mantener el desfile dentro del marco de las buenas costumbres.
El amparo fue solicitado por el abogado Roberto Antonio Cano López, quien argumentó que en este tipo de actividades se promueven “escenas inmorales, sexuales, depravadas” que provocan una “hipersexualización temprana” de los menores. Estas declaraciones encontraron eco entre sectores conservadores que han venido advirtiendo sobre la influencia nociva de ciertos contenidos en espacios públicos.
La Corte también hizo un llamado a que la marcha se realice de forma “pacífica y conforme a las buenas costumbres”, destacando que su objetivo no es prohibir la manifestación, sino garantizar que no se vulneren principios fundamentales de la sociedad guatemalteca.
La resolución ordena a las autoridades garantizar que durante el evento se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Desde el ámbito jurídico, algunas voces han expresado su rechazo a la medida, mientras que otras han aplaudido la decisión como un avance en la protección de los menores y de la moral pública. Líderes de opinión conservadores han señalado que este tipo de resoluciones son necesarias para frenar el avance de agendas ideológicas que intentan normalizar conductas contrarias al diseño natural y bíblico de la familia.
El debate sobre el desfile LGBTIQ+ no es nuevo en Guatemala, pero la creciente visibilidad de estas manifestaciones ha despertado preocupación en amplios sectores de la ciudadanía, en particular entre iglesias, padres de familia y educadores, que piden que se respete el derecho de los niños a desarrollarse en un entorno libre de ideologías sexuales.
Aunque los organizadores han confirmado que la marcha se llevará a cabo, el marco legal impuesto por la Corte podría limitar significativamente el tipo de expresiones públicas que suelen acompañar este evento. Desde distintos sectores conservadores se ha instado a las autoridades a mantenerse firmes en el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Esta resolución marca un precedente importante en la defensa de los valores tradicionales en el espacio público, y envía un mensaje claro de que el ejercicio de ciertos derechos no debe atentar contra los principios morales fundamentales ni comprometer el bienestar de los más vulnerables.
