Como informó Diario Cristiano, el Congreso de los Diputados de España, aprobó la semana pasada admitir a trámite un proyecto de ley impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que busca modificar el Código Penal para castigar con penas de prisión las denominadas “terapias de conversión”.
La iniciativa contempla condenas de seis meses a dos años de cárcel para quienes realicen o promuevan prácticas dirigidas a cambiar la orientación, identidad o expresión de género de una persona.
La propuesta recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de VOX, y plantea incorporar un nuevo artículo, el 173.bis, al Código Penal. De ser aprobada, supondría un giro significativo en la legislación vigente, ya que las conductas hasta ahora sancionadas con multas administrativas pasarían a tener consecuencias penales.
Ante este escenario, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la medida. El organismo recordó que ya en junio de 2022 había advertido al Gobierno sobre la ambigüedad en las definiciones y la inseguridad jurídica derivada del texto de la entonces llamada “Ley Trans”.
En aquel momento, FEREDE aclaró que en las iglesias evangélicas no se practican terapias de conversión en sentido clínico, pero señaló el riesgo de que acompañamientos pastorales o espirituales solicitados voluntariamente por personas con inquietudes sobre su identidad u orientación sexual pudieran ser interpretados como tales. Según la federación, “de aplicarse de forma literal el régimen sancionador previsto, se estaría criminalizando incluso el acompañamiento voluntario, generando inseguridad jurídica tanto para ministros de culto como para profesionales de la psicología”.
Otro punto que generó inquietud fue la posibilidad de que menores de edad pudieran rectificar su sexo registral sin consentimiento de sus padres, medida contemplada en la Ley Trans aprobada en febrero de 2023. FEREDE advirtió entonces que esta disposición erosionaba el ejercicio legítimo de la patria potestad, y que si los padres solicitan apoyo psicológico para su hijo con disforia de género, podrían ser acusados de promover una “terapia de conversión”.
En respuesta a estas preocupaciones, el 28 de junio de 2022 la federación evangélica presentó formalmente un informe ante los ministerios de la Presidencia y de Igualdad, solicitando modificaciones a los textos legislativos para garantizar el respeto a los derechos constitucionales. En septiembre de ese año, el ministro Félix Bolaños respondió asegurando que “ni es ni puede ser efecto de ninguna ley vulnerar otros derechos fundamentales y no está en la voluntad del legislador”.
No obstante, desde FEREDE lamentaron que la respuesta no abordara los puntos concretos planteados. Ahora, con la nueva proposición penal en curso, la federación mantiene su preocupación por el riesgo de criminalizar los acompañamientos espirituales, familiares o profesionales voluntarios.
“El Servicio Jurídico de FEREDE se encuentra en estos momentos analizando detalladamente la Propuesta de reforma presentada este martes en el Congreso”, informó la entidad en un comunicado, y adelantó que seguirá trabajando para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los creyentes y de las familias en España.
