Hoy Bogotá amaneció envuelta en una niebla espesa que apenas permitía ver a unos metros de distancia. Pero esa bruma no es solo meteorológica: también rodea la Casa de Nariño, donde un hombre, ya de por sí aislado de la realidad, parece haber perdido definitivamente el contacto con la racionalidad democrática.
Gustavo Petro, en un acto de desesperación política y autorreferencial, ha decidido impulsar una Asamblea Nacional Constituyente —no para transformar el país con consenso, sino para imponer lo que jamás logró por la vía institucional ni democrática.
No es la primera vez que advertimos sobre este peligro. Durante su campaña, Petro levantó tablillas en la plaza de Bolívar jurando que no convocaría una constituyente, que respetaría la Constitución de 1991 y que gobernaría dentro del marco institucional existente. Hoy, con la misma ligereza con la que rompe promesas, rompe también con los principios básicos de la estabilidad jurídica y la separación de poderes. ¿Por qué? Porque sus reformas —centralizadoras, antitecnicas, ideologizadas y profundamente antidemocráticas— han sido rechazadas una y otra vez por el Congreso, por la Corte Constitucional y, lo más grave, por la ciudadanía.
Gustavo Petro fue elegido por unos 12 millones de colombianos, pero olvida que otros millones no votamos por él.
Lo que propone no es una reforma constitucional razonable, sino una refundación autoritaria disfrazada de participación popular. La propuesta del ministro Eduardo Montealegre diseña una asamblea con cuotas étnicas, de género y sectoriales que, aunque bien intencionadas en apariencia, en la práctica buscan fragmentar la representación nacional y garantizar una mayoría artificial que legitime el proyecto de poder del presidente.
No se trata de incluir a las minorías; se trata de instrumentalizarlas para imponer una agenda que el país no ha respaldado. Gustavo Petro fue elegido por unos 12 millones de colombianos, pero olvida que otros millones no votamos por él.
Este patrón es alarmantemente familiar. Hugo Chávez hizo exactamente lo mismo en Venezuela: consciente de que su proyecto de "cambio" enfrentaría una férrea resistencia institucional, convocó una Asamblea Constituyente en 1999 que terminó disolviendo el Congreso, neutralizando al poder judicial y concentrando todo el poder en sus manos. La Constitución venezolana de 1999 fue el primer paso hacia el colapso institucional, la persecución política y la ruina económica que hoy padecen millones.
Petro, con una arrogancia megalómana que raya en lo patológico, sigue ese mismo guión. No busca diálogo, sino sumisión. No quiere reformas, quiere reemplazar la democracia por un régimen personalista.
Peor aún: su perfil psicológico —marcado por la intolerancia al disenso, la victimización constante y la obsesión mesiánica— lo ha llevado a interpretar cualquier crítica como una conspiración (golpe de estado) y cualquier obstáculo institucional como un enemigo a destruir.
En lugar de aceptar que su gobierno no ha logrado construir mayorías ni a punta de corrupción y mermelada, prefiere derribar las instituciones que le impiden imponerse. Esa no es la actitud de un estadista, sino la de un caudillo en decadencia.
Desde una perspectiva cristiana, esto es profundamente preocupante. La Constitución no es un mero instrumento de poder, sino un pacto social que protege la dignidad humana, la libertad religiosa, la familia y el bien común. Alterarla por la fuerza de la voluntad presidencial —especialmente cuando se ha mentido al pueblo sobre sus intenciones— es un acto de traición a la confianza democrática.
Petro, en un acto de desesperación política y autorreferencial, ha decidido impulsar una Asamblea Nacional Constituyente
La Iglesia ha enseñado siempre que el poder político debe estar al servicio de la justicia, no de la ambición personal. Y hoy, en Colombia, ese principio está en grave peligro.
Si aceptamos la idea de la necesidad de una constituyente está debería contar con una amplia participación de los diferentes sectores del país, entre esos el sector religioso, el cual ni siquiera es nombrado en el borrador del proyecto. Para la constitución de 1991 los cristianos contamos con 2 grandes asambleístas que representaron nuestra libertad de cultos y la figura de la familia, Jaime Ortiz Hurtado y Arturo Hormiga. ¿Quién nos representará ahora? ¿El patético de Saade o el traidor Palacios Mizrahi?
La niebla que cubre Bogotá podría disiparse con el sol del mediodía. Tenemos nuestra gran oportunidad en el 2026 de sacar al emperador y recuperar las riendas del país. Pero la oscuridad que envuelve a la Casa de Nariño solo se levantará si los colombianos despertamos a tiempo y la derecha se une en torno a un candidato único.
No permitamos que un hombre, enloquecido por el poder y traicionado por su propia ambición, nos arrastre al abismo constitucional que ya ha devorado a otras naciones hermanas. La democracia no se construye con asambleas improvisadas, sino con respeto, verdad y fidelidad a la palabra empeñada. Y Petro, lamentablemente, ha faltado a las tres.
