En días recientes ha resurgido el debate sobre la posibilidad de que el gobierno del presidente Gustavo Petro impulse un proyecto de ley para gravar ciertas actividades económicas de las iglesias en Colombia, tal como informó Diario Cristiano. Este tema ya había sido discutido en 2022, cuando un proyecto similar no logró avanzar en el Congreso.
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En esta ocasión, la discusión se centra en la posibilidad de que se mantenga la exención de impuestos sobre los diezmos y ofrendas, pero se apliquen tributos sobre ingresos derivados de otras actividades, como el arriendo de inmuebles y la operación de colegios o negocios.
Diario Cristiano dialogó con la pastora Lyda Arias, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL), con José Luis Becerra, contador y pastor de la Iglesia del Nazareno y con Pedro Lancheros, periodista y diácono de la iglesia Casa Sobre la Roca, quien habló a título personal.
Impacto en las finanzas de las iglesias
Según José Luis Becerra, contador y experto en temas tributarios, la medida podría no representar una afectación directa a las iglesias que se financian exclusivamente de diezmos y ofrendas.
"Si una iglesia se dedica a su labor espiritual y social basada en diezmos y ofrendas, y el gobierno no toca esos ingresos, entonces no tendría una afectación directa", afirmó. Sin embargo, advirtió que aquellas congregaciones con actividades económicas adicionales, como colegios o alquileres de inmuebles, sí podrían verse impactadas.
“El problema —según relató el pastor Becerra— es que hay iglesias que tienen ya muchísimos brazos gigantes, donde tienen colegios y tienen inmuebles, y ponen negocios”, como librerías y cafeterías.
Entonces, mientras que el gobierno “no toque la parte del ministerio como tal, que es diezmos y ofrendas” que “en la teoría tributaria son donaciones” el contador piensa que “las iglesias no se sentirían muy afectadas”.
Pedro Lancheros, de Casa Sobre La Roca, coincide en que gravar los ingresos provenientes de actividades comerciales de las iglesias no representa una violación a la libertad religiosa, siempre y cuando no se afecten los diezmos y ofrendas. Señala que el verdadero impacto de la medida dependerá de los términos en los que se apruebe y cómo afecte a las iglesias con estructuras económicas más complejas.
Por su parte, Lyda Arias, presidente de CEDECOL, manifestó su preocupación por el efecto que podría tener la medida, especialmente en congregaciones más pequeñas o con una fuerte labor social.
"La mayoría de las iglesias en Colombia dependen de las donaciones voluntarias de sus miembros para sostener no solo sus actividades de culto, sino también sus programas de ayuda humanitaria, formación en valores y asistencia a poblaciones vulnerables. Un aumento en la carga fiscal podría limitar la capacidad de las iglesias para continuar con estas iniciativas, afectando a muchas comunidades que encuentran en ellas un apoyo esencial", explicó.
Libertad religiosa en el debate
En cuanto a la posible afectación de la libertad religiosa, Becerra indicó que si el proyecto se enfocara en gravar los diezmos y ofrendas, podría verse como una intromisión del Estado en la financiación de las iglesias. Sin embargo, si los impuestos solo aplican a actividades económicas ajenas al ejercicio de la fe, consideró que no afectarían el derecho a la libertad religiosa.
Arias reforzó esta idea al recordar que la libertad religiosa no solo implica la posibilidad de profesar una fe, sino también la organización y operación de las comunidades religiosas sin restricciones indebidas. "Si bien el pago de impuestos en sí mismo no constituye automáticamente una violación de la libertad religiosa, una carga fiscal desproporcionada o diseñada sin considerar la función especial de las iglesias podría afectar su capacidad de ejercer libremente su misión”, advirtió.
Para Lancheros la situación es un tanto diferente, pues considera que el presidente Petro “quiere controlar y regular las iglesias”. Y lo justifica en el hecho de que “la iglesia ha tenido históricamente una influencia en la política colombiana y obviamente alineada con un sector conservador, —y contrario a Petro—. Y el impuesto no solamente le generaría ingresos al Estado, sino que también podría servir como un mecanismo de regulación y de supervisión financiera”.
El comunicador va un poco más allá y dijo que “grabar a las iglesias podría habilitar cierta influencia política y limitar la capacidad de movilización de la gente que vota en las elecciones que vienen, dentro de año y medio”. Además de que “todas las alianzas con los sectores laicos y progresistas, al crear impuestos a las iglesias, enviaría un mensaje de separación entre la iglesia y el Estado. Alineando los sectores que promueven un Estado más laico y menos influenciado por la parte espiritual”.
Vinculación con hechos de violencia
Hace unas semanas, frente a los asesinatos de la familia Lora Rincón y posteriormente el pastor García en César, en Colombia se corrió la voz acerca de que había una persecución contra la pastoral o contra la Iglesia.
Aunque la persona que lo dijo fue la propia pastora Arias, ante Diario Cristiano hizo un llamado a la objetividad y señaló que, ambos temas requieren atención pormenorizada y que no necesariamente están relacionados.
"Es importante analizar cada situación con objetividad y evitar establecer relaciones causales sin fundamentos claros. La posibilidad de un régimen impositivo para las iglesias y los lamentables actos de violencia contra miembros de la comunidad cristiana son temas distintos, aunque ambos requieren de vigilancia y acción por parte de las autoridades", concluyó.
La presidente de CEDECOL dejó en claro que el llamado de la institución que representa “es a fortalecer el respeto, la unidad y el diálogo entre los distintos sectores del país, garantizando que la iglesia pueda seguir cumpliendo su misión sin temor ni restricciones injustas”. Ya sea con el gravamen de impuestos como la necesidad de esclarecer los lamentables hechos de violencia que involucra a la pastoral colombiana.
A medida que el debate avance en el Congreso, se espera que diferentes sectores expresen sus posiciones y que se garantice un análisis profundo de las implicaciones económicas y sociales de la medida.
