Nicaragua se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras un informe condenatorio elaborado por expertos de la ONU que acusan al gobierno del presidente Daniel Ortega de reprimir sistemáticamente los derechos humanos, la democracia y los grupos religiosos.
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
El informe, publicado dos días antes de la retirada de Nicaragua, describía al gobierno de Ortega como un actor de la “represión metódica” de la disidencia, señaló la organización de vigilancia de la persecución con sede en Estados Unidos International Christian Concern.
Una de las expertas, Ariela Peralta, afirmó que el gobierno nicaragüense estaba efectivamente “en guerra contra su propio pueblo”.
La decisión de abandonar el CDHNU se produce en medio de una continua intensificación del poder por parte de Ortega, que incluye el nombramiento de su esposa, Rosario Murillo, como copresidente y la cesión de los poderes legislativo y judicial a su control.
El gobierno nicaragüense afirma que los organismos internacionales, incluidas la ONU y la Organización de los Estados Americanos, están librando una campaña de desprestigio en su contra.
Murillo desestimó el informe de la ONU calificándolo de “falsedades” y “calumnias”.
Nicaragua ha sido cada vez más criticada por atacar a grupos religiosos, en particular a la Iglesia Católica.
Una ley de 2018 que regula la financiación de las ONG (organizaciones no gubernamentales) ha llevado a la revocación masiva de la personería jurídica de miles de organizaciones, pero las instituciones católicas han enfrentado la represión más dura debido a su oposición vocal a las acciones del gobierno y su papel en el refugio de los manifestantes estudiantiles en 2019.
Los organismos internacionales han estado siguiendo el declive de la libertad religiosa en Nicaragua durante años.
El Departamento de Estado de los EEUU colocó al país en su Lista Especial de Vigilancia por violaciones de la libertad religiosa en 2019 antes de elevarlo a la lista más grave de "Países de Particular Preocupación" en 2022, una designación que generalmente desencadena sanciones.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los EEUU ha observado un empeoramiento de las condiciones, incluido el arresto arbitrario, el encarcelamiento y la expulsión del clero católico, la confiscación de propiedades de la iglesia y la intimidación de los fieles en Nicaragua.
El grupo de defensa de la libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide (CSW), con sede en el Reino Unido, también ha publicado un informe sobre la represión contra las comunidades religiosas en ese país, titulado “Control Total: La Erradicación de las Voces Independientes en Nicaragua”.
CSW documentó 222 casos de persecución religiosa, muchos de ellos con múltiples violaciones que afectaron a miles de personas.
Las autoridades han seguido cancelando eventos religiosos e impidiendo procesiones religiosas públicas, afirma el informe, y añade que el gobierno ha impuesto nuevas restricciones a los líderes religiosos, obligándolos a presentarse semanalmente ante los agentes de policía designados, presentar sus programas de actividades y hacerse fotos. A algunos se les ha advertido de que el incumplimiento podría conducir a la detención o al exilio.
El pastor protestante Efrén Antonio Vílchez López ha sido condenado a 23 años de prisión por lo que se describen como cargos inventados, según el informe de la CSW, que expresa preocupación por el deterioro de su salud debido a una diabetes no tratada.
Las líderes laicas católicas Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda han estado detenidas en régimen de incomunicación desde agosto de 2024, sin que se haya proporcionado ninguna prueba de vida a sus familias, dice el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido medidas de protección en estos casos, pero el gobierno nicaragüense no ha respondido, añade CSW.
En total, CSW registró 46 casos de líderes religiosos detenidos arbitrariamente en 2024, tanto a corto como a largo plazo.
La directora de incidencia de CSW, Anna Lee Stangl, afirmó que Ortega, Murillo, y su partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tienen la intención de erradicar a la sociedad civil independiente y silenciar a los críticos.
Ella instó a la comunidad internacional a encontrar nuevas formas de apoyar a los disidentes nicaragüenses, ya sea dentro del país o en el exilio, dada la negativa del gobierno a colaborar con organizaciones como la ONU.
