El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de la Alianza Evangélica Nicaragüense aludiendo “incumplimiento en los reportes financieros” que van desde el año 2021 al 2023.
En agosto, el gobierno nicaragüense revocó el estatus legal de más de 1.600 entidades, y en los últimos días del mes sumó otras 169. En el boletín oficial La Gaceta se anunció la disolución o desconocimiento oficial de estas 169 organizaciones. A pesar de que se había programado la liberación de 135 presos políticos para el jueves 5 de septiembre, entre los que se encontraban pastores y líderes evangélicos, católicos y de otras confesiones, estas personas fueron finalmente exiliadas a Guatemala, con el apoyo de la administración Biden en Estados Unidos.
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Entre las afectadas, se encuentran decenas de iglesias evangélicas y asociaciones cristianas sin fines de lucro. La misma decisión corre para instituciones religiosas grandes como la Iglesia Episcopal de Nicaragua y la Iglesia Morava, ambas con siglos de historia en el país. La orden afecta incluso a entidades civiles cuyo propósito es acompañar a personas discapacitadas, en recuperación de adicciones, entre muchas otras.
Según indica La Gaceta, todas estas instituciones y organizaciones “obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de Ministerio del Interior, al no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose a los directivos que los administraban y las ejecuciones de sus proyectos, si fue acorde a sus objetivos y fines” por lo cual se les había otorgado la personería jurídica y respectivo registro.
Diario Cristiano procuró contactar a los pastores referentes de la Alianza Evangélica Nicaragüense pero no obtuvo respuesta el cierre de esta nota.
La Iglesia Episcopal de Nicaragua, pertenece a la Comunión Global Anglicana, y ha tenido presencia en la región desde 1612. La Iglesia Morava de Nicaragua, se estableció en el país en 1847. Las iglesias afiliadas a ambas denominaciones se vieron afectadas por la cancelación, incluyendo iglesias episcopales y morava en Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur. Ambas iglesias llevan a cabo largos esfuerzos educativos en la región conformada mayoritariamente de población indígena y afrodescendiente y además operan escuelas en la zona.
Una tercera iglesia histórica en la capital, la Primera Iglesia Bautista de Managua, fundada en 1917, y que operaba escuelas, un seminario, un hospital y una estación de radio, también vio cancelada su personería jurídica.
El acuerdo ministerial, firmado por la titular del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, establece que en “lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles” de las organizaciones eliminadas, “corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.
La dictadura de Daniel Ortega eliminó más del 70% de las Organizaciones Sin Fines de Lucro que existían en Nicaragua. De 7.227 ONG que existían hasta 2017, se anularon en total 5.552, entre ellas 164 por "disolución voluntaria", según un registro de datos del periódico Confidencial.
Lo que atemoriza a las instituciones es que todos los bienes asociados con las organizaciones canceladas, incluyendo edificios, terrenos y muebles, serán transferidos al Estado para ser regalados. Según el Acuerdo Presidencial #132 - 2024 publicado en La Gaceta número 146, del 9 de agosto, se autoriza a la procuradora general de la República, en su calidad de representante del Estado, para donar las propiedades. La Gaceta alega que las donaciones tienen “la finalidad de fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias, y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”.
