Al menos once denominaciones evangélicas difundieron comunicados en los que defendieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de la polémica generada por la supuesta prohibición del ingreso de biblias y otros materiales impresos al país durante la temporada de fin de año.
La controversia surgió tras la circulación en redes sociales de imágenes de carteles ubicados en terminales de la empresa de transporte Tica Bus, como informó Diario Cristiano. En esos avisos apareció una lista de artículos no permitidos para ingresar a Nicaragua, entre los que figuraban biblias, periódicos y revistas. La situación generó preocupación entre fieles y organizaciones religiosas, y fue reportada por medios independientes.
Ante estas denuncias, varios grupos evangélicos cercanos al oficialismo negaron que exista una restricción a la libertad religiosa. El Ministerio Internacional Remanente Fiel afirmó que en Nicaragua se mantiene el pleno ejercicio del culto y aseguró que no existe ninguna prohibición para el uso o la circulación de la Biblia.
Otras iglesias, como la Iglesia de Dios en Nicaragua y la Asociación de Iglesias Estableciendo el Reino de Jesucristo, emitieron mensajes en el mismo sentido. En sus pronunciamientos sostuvieron que la distribución de biblias continuó con normalidad y expresaron su respaldo a las autoridades nacionales.
Entre las denominaciones que salieron públicamente en defensa del régimen se encontraron la Fundación Cristiana Samaria, la Convención Bautista de Nicaragua, las Asambleas de Dios, Pastores Unidos por la Nación, la Federación de Iglesias Evangélicas Nicaragüense y otros ministerios y asociaciones evangélicas.
Sin embargo, organizaciones internacionales que monitorean la libertad religiosa, como Christian Solidarity Worldwide, señalaron que las restricciones al ingreso de biblias y materiales impresos se aplicaron desde hace meses, aunque el Gobierno no las reconoció de manera oficial.
La defensa pública de estas iglesias se dio en un contexto marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Diversos organismos y líderes religiosos denunciaron persecución, presiones y limitaciones contra comunidades de fe, especialmente contra aquellas que mantuvieron una postura crítica frente al Gobierno. Desde abril de 2018, más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil han perdido su personalidad jurídica, entre ellas más de 1.300 de carácter religioso, según datos recopilados por organismos internacionales.
El debate reabrió la discusión sobre el rol de las iglesias evangélicas en el país y su relación con el poder político, en medio de una crisis institucional y social que continuó afectando a amplios sectores de la población nicaragüense.
