Las Naciones Unidas están haciendo un llamado a los gobiernos, las empresas de tecnología y los anunciantes para que actúen frente a lo que describen como un desafío político apremiante y trascendental: la seguridad, los derechos y el futuro digital de la generación más conectada del planeta.
La ONU solicita una acción urgente y coordinada para proteger a los niños y jóvenes de los crecientes peligros en los espacios de información digital, advirtiendo que los modelos de negocio diseñados para captar la atención y recopilar datos personales están moldeando las experiencias en línea de una generación que apenas cuenta con recursos para defenderse de los daños.
Un nuevo informe de la ONU, publicado antes del Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto, reveló que la desinformación, la manipulación algorítmica, la publicidad dirigida, el acoso digital y los opacos sistemas de inteligencia artificial (IA) representan ahora amenazas graves y acumulativas para la seguridad, el desarrollo y los derechos de la infancia. El documento informativo, publicado el 10 de agosto por el Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU, es el tercero de una serie que examina cómo fortalecer la integridad en los entornos informativos globales.
"Ningún niño debería ser un conejillo de indias para la IA no regulada", declaró el secretario general de la ONU, António Guterres. "Cuando un niño sufre un daño, la respuesta nunca debe ser "el algoritmo lo hizo"".
Más del 80% de los jóvenes de entre 15 y 24 años están conectados a internet en todo el mundo, según el informe. En los países de bajos ingresos, los jóvenes tienen casi el doble de probabilidades de utilizar internet que la población en general, a pesar de que persisten brechas digitales significativas dentro y entre las regiones. En los países de mayores ingresos, la relación de los niños con las plataformas digitales a menudo comienza en la primera infancia y se profundiza a lo largo de la adolescencia.
Ningún niño debería ser un conejillo de indias para la IA no regulada - António Guterres - Secretario general de la ONU
La infancia y la juventud interactúan hoy con las tecnologías digitales en casi todas las dimensiones de la vida cotidiana: educación, conexión social, oportunidades económicas, entretenimiento y participación cívica. Sin embargo, las plataformas que estructuran esas experiencias no fueron diseñadas teniendo como prioridad el bienestar infantil.
Diseñadas para generar ingresos, no para los niños
Las empresas de tecnología han construido sus plataformas en torno a lo que los investigadores denominan la "economía de la atención": modelos de negocio basados en maximizar el tiempo que los usuarios pasan en línea y los datos que pueden extraerse de su comportamiento, hábitos y estados emocionales. Este modelo financia una publicidad hiperpersonalizada que puede adaptarse en tiempo real a las vulnerabilidades e inseguridades individuales, señala el informe de la ONU.
El desarrollo cognitivo y emocional de los niños, que aún está en formación, los vuelve particularmente vulnerables a características de diseño creadas para explotar debilidades psicológicas. Los sistemas algorítmicos pueden atrapar a los usuarios jóvenes en bucles crecientes de contenido, exponiéndolos a material cada vez más extremo, incluido contenido relacionado con autolesiones, suicidio, pornografía, extremismo y violencia. Los entornos de videojuegos y redes sociales emplean diseños de interfaz engañosos, mecánicas de recompensas intermitentes similares a las de las máquinas tragamonedas y tácticas basadas en el "miedo a perderse algo" (FOMO) para impulsar el uso compulsivo y el gasto.
Protegerlos e incluirlos no son objetivos opuestos. Tenemos que hacer ambas cosas - harlotte Scaddan, asesora principal de la ONU sobre Integridad de la Información
A los menores también les resulta difícil distinguir entre el contenido orgánico y la publicidad de pago, una brecha que los intereses comerciales aprovechan deliberadamente. Algunas empresas de tecnología han comenzado a insertar anuncios dentro de los resultados y resúmenes generados por inteligencia artificial, profundizando un déficit de alfabetización mediática que ya es considerable.
"Protegerlos e incluirlos no son objetivos opuestos. Tenemos que hacer ambas cosas", afirmó Charlotte Scaddan, asesora principal de la ONU sobre Integridad de la Información.
El documento sostiene que catalogar estos problemas como un simple asunto de supervisión parental o de tiempo de pantalla individual pasa por alto las fuerzas estructurales que originan el daño. Los sistemas digitales están tan profundamente arraigados en la vida comercial, educativa y social que desvincularse de ellos no es viable ni realista para la mayoría de las familias. La responsabilidad, señala, debe recaer en las plataformas que generan el perjuicio y en los sistemas regulatorios necesarios para supervisarlas, y no en los niños, padres o cuidadores.
Una ola global de regulación, pero con vacíos
Gobiernos de todo el mundo están tomando medidas para subsanar lo que la ONU califica de vacíos políticos críticos. Australia impulsó una ola regulatoria internacional en 2024 al exigir que las plataformas de redes sociales impidan tener cuentas a los menores de 16 años. La Unión Europea está evaluando una medida comparable en sus 27 Estados miembros, mientras que Indonesia y Malasia han promulgado leyes similares. El Reino Unido planea implementar restricciones de edad a principios de 2027.
Los entornos de videojuegos y redes sociales emplean diseños de interfaz engañosos, mecánicas de recompensas intermitentes similares a las de las máquinas tragamonedas y tácticas basadas en el "miedo a perderse algo" (FOMO) para impulsar el uso compulsivo y el gasto.
El Estatuto Digital del Niño y del Adolescente de Brasil, promulgado en septiembre de 2025, se perfila como uno de los enfoques más integrales hasta la fecha. Prohíbe la publicidad basada en el comportamiento dirigida a menores, veta el uso de datos personales de niños en formas que vulneren sus derechos y exige los niveles de privacidad más altos por defecto para los menores de 18 años, requiriendo además mecanismos de verificación de edad.
Un análisis de UNICEF en seis jurisdicciones —Australia, la Unión Europea, India, Kazajistán, Sudáfrica y el Reino Unido— identificó un conjunto de obligaciones empresariales comunes presentes en al menos la mitad de los marcos revisados, tales como requisitos de seguridad por diseño, evaluaciones de impacto, procedimientos de quejas e informes de transparencia. La Unión Africana adoptó en 2024 una Política de Seguridad y Empoderamiento de los Niños en Línea, aunque el informe de la ONU señala que su impacto depende en gran medida de la capacidad y la voluntad política de cada Estado miembro.
A pesar del alcance de este impulso regulatorio, el informe advierte que los marcos actuales no fueron concebidos para enfrentar lo que se avecina. Las tecnologías de IA están introduciendo nuevos riesgos —contenido sintético, explotación facilitada por IA y sistemas algorítmicos opacos que moldean los entornos informativos de los menores— a los que las normativas vigentes no pueden responder con suficiencia. La ONU y especialistas en derechos de la infancia han desaconsejado una postura pasiva ante la gobernanza de la IA, argumentando que los marcos legislativos deben incorporar los derechos de los niños desde el principio, antes de que se cierre esta ventana de oportunidad.
Coalición sitúa los derechos infantiles en el centro de la gobernanza de la IA
Un mes antes de la publicación del documento, UN News informó sobre la creación en Ginebra de la Coalición por los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial, un nuevo organismo internacional cuyos miembros fundadores se comprometieron a garantizar que los niños no sean tratados meramente como usuarios pasivos a proteger a posteriori, sino como sujetos de derechos cuyas perspectivas influyan en el diseño inicial de los sistemas de IA.
Diecisiete países firmaron en su inauguración: Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chequia, El Salvador, Estonia, Francia, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Luxemburgo, Marruecos, los Países Bajos, la República de Corea y España. Entre los miembros fundadores de la ONU figuran el Departamento de Comunicaciones Globales, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Oficina para Tecnologías Digitales y Emergentes, UNICEF y UNESCO.
La juventud no solo se encuentra entre los sectores más afectados por las fallas del ecosistema de información global, sino también entre los más motivados y capacitados para ayudar a corregirlo.
La coalición se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. Su conformación se produjo tras el llamado del secretario general Guterres a un Compromiso de Seguridad Infantil ante la IA durante el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA en julio, así como de un histórico acuerdo del G7 entre ministros de tecnología y digitalización sobre principios comunes para crear espacios digitales más seguros para los menores.
La juventud como protagonista y como objetivo
El documento de la ONU presenta a los jóvenes como participantes activos en la vida pública —creadores, defensores, organizadores y líderes cívicos— cuyas capacidades el ecosistema informativo debería potenciar en lugar de explotar.
Los movimientos liderados por jóvenes han demostrado la capacidad de las plataformas digitales para movilizar masas con rapidez y a través de fronteras, utilizando códigos culturales compartidos para generar solidaridad transnacional en torno a problemáticas que van desde la corrupción gubernamental hasta el cambio climático y los derechos humanos. En algunos casos, estos colectivos han superado la capacidad de comunicación de los propios gobiernos.
Cuando un niño sufre un daño, la respuesta nunca debe ser "el algoritmo lo hizo" - António Guterres
Sin embargo, los mismos entornos que permiten esa vitalidad cívica también exponen a los jóvenes activistas a graves riesgos. Las mujeres y niñas que ingresan a la esfera pública —como periodistas, defensoras de derechos humanos, políticas o activistas— se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia facilitada por la tecnología, señala el informe. Los manifestantes jóvenes han enfrentado acoso en línea, vigilancia estatal y no estatal, campañas de desinformación destinadas a desacreditar sus movimientos, bloqueos de internet y la explotación de la amplificación algorítmica por parte de actores que buscan polarizar y desestabilizar.
El informe también identifica un problema estructural de representatividad. A pesar del alcance y la sofisticación de los movimientos juveniles en todo el mundo, sus perspectivas siguen estando poco representadas en los foros políticos donde se debaten y toman decisiones sobre la integridad de la información. Cerrar esta brecha, argumenta el documento, es tanto una obligación de derechos como un requisito práctico para construir soluciones efectivas y duraderas.
Las peticiones de la ONU
Las recomendaciones de la ONU se organizan en torno a cinco principios fundamentales extraídos de sus Principios Globales para la Integridad de la Información, presentados por Guterres en junio de 2024.
En cuanto a confianza y resiliencia, el informe pide a los Estados que exijan a las empresas tecnológicas seguridad por diseño y que responsabilicen a las plataformas por sus resultados efectivos y no solo por sus intenciones. El diseño adecuado para cada edad, subraya, debe integrarse en la arquitectura del producto desde su concepción, estableciendo por defecto los niveles más altos de privacidad y seguridad para los usuarios más jóvenes, sin obligarlos a buscar esas opciones en configuraciones complejas.
En materia publicitaria, el texto insta a los anunciantes a cesar el direccionamiento de publicidad comportamental hacia menores y a asegurar que los mensajes comerciales se distingan con total claridad del contenido orgánico. Señala como modelos la ley de Brasil y la Ley de Servicios Digitales de la UE, a la vez que pide a las coaliciones del sector establecer normas compartidas sobre qué constituye una práctica manipuladora o abusiva dirigida al público infantil.
La responsabilidad debe recaer en las plataformas que generan el perjuicio y en los sistemas regulatorios necesarios para supervisarlas, y no en los niños, padres o cuidadores.
Sobre el empoderamiento público, se solicita que la alfabetización digital y mediática se integre en la educación formal desde temprana edad, con contenidos adaptados a las etapas de desarrollo infantil. Asimismo, se reclaman mecanismos accesibles y adaptados a la infancia para denunciar abusos y buscar reparación —incluyendo derivaciones a servicios de salud mental—, disponibles en idiomas locales y diseñados con la participación directa de los propios jóvenes. Las medidas de rendición de cuentas deben garantizar que las plataformas y otros actores respondan legalmente cuando sus productos ocasionen perjuicios medibles.
Respecto a los medios independientes, el documento señala el declive del periodismo local y la proliferación de "desiertos informativos" como un problema añadido para el acceso de los niños a información confiable y de interés comunitario. Las empresas de IA están acelerando ese declive mediante la extracción masiva de datos y resúmenes que eliminan la necesidad de hacer clic para acceder a los sitios web originales. Además, los jóvenes actúan cada vez más como productores de medios —a través de redes sociales o pódcast—, por lo que el informe sostiene que las mismas protecciones a la libertad de prensa otorgadas a los periodistas profesionales deben aplicarse a niños y jóvenes dedicados a la expresión cívica y periodística en línea.
En términos de transparencia, el informe identifica una barrera sistémica crítica: las empresas de tecnología concentran enormes cantidades de datos sobre cómo sus plataformas afectan a los usuarios, pero dicha información es inaccesible para investigadores independientes. Sin estos datos, ni los legisladores, ni los educadores, ni los padres, ni los propios jóvenes disponen de la evidencia necesaria para tomar decisiones informadas. El documento reclama acuerdos de intercambio de datos que resguarden la privacidad de los usuarios y permitan un escrutinio externo riguroso, con especial urgencia en los sistemas de IA que determinan gran parte de lo que los niños encuentran en internet.
El informe también advierte sobre un sesgo geográfico en la evidencia actual. La mayor parte de las investigaciones sobre la infancia y los entornos digitales se han llevado a cabo en Norteamérica y Europa, a pesar de que la gran mayoría de los niños y jóvenes del planeta viven en el Sur Global. Por ello, reclama una inversión sostenida en la capacidad de investigación de las regiones subrepresentadas, junto con alianzas auténticas con las instituciones y la juventud de esas zonas.
Los espacios físicos como contrapeso necesario
Entre las recomendaciones se resalta de forma especial la importancia de los entornos físicos. Centros comunitarios, bibliotecas, clubes juveniles y otros espacios compartidos fuera del hogar y de la escuela —a menudo llamados "terceros espacios"— son cimientos esenciales para la integridad de la información, destaca el informe de la ONU. Son lugares donde los jóvenes descubren perspectivas diversas, practican la participación cívica y desarrollan habilidades de pensamiento que las plataformas digitales por sí solas no pueden fomentar.
El informe exhorta a los Estados a colaborar con todos los actores sociales para garantizar que los niños y jóvenes disfruten de vidas dinámicas y variadas más allá de las plataformas digitales, abordando esto no como una preferencia cultural, sino como una necesidad estructural para consolidar sociedades resilientes, informadas y participativas.
La juventud no solo se encuentra entre los sectores más afectados por las fallas del ecosistema de información global, sino también entre los más motivados y capacitados para ayudar a corregirlo, concluye el documento. El interrogante reside en si las instituciones —gobiernos, empresas tecnológicas, sociedad civil, medios de comunicación y la propia ONU— están dispuestas a integrarlos como socios auténticos y no limitarse a tratar su protección como la totalidad del problema.
Artículo publicado originalmente en Christian Daily International, versión en inglés de Diario Cristiano Internacional.
