La exmandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, asumió la presidencia en noviembre de 2019, en medio de una profunda crisis institucional marcada por la dimisión de Evo Morales y otros altos cargos. Áñez fue detenida en marzo de 2021 y el 10 de junio de 2022 fue condenada a diez años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes”.
Éste jueves, el Tribunal Supremo de Justicia boliviano declaró “nula” la sentencia que pesaba sobre Áñez, ordenando su excarcelación inmediata. El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, explicó que el fallo responde a que se produjo “vulneraciones al debido proceso y a sus garantías constitucionales”.
En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, Áñez quien es una mujer cristiana, provida y profamilia, agradeció a Dios por su liberación, "Y mi gratitud eterna a Dios que me acompañó en esta injusticia terrible que hoy, finalmente, acabó".
Además expresó: “Estos casi cinco años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción”. Añadió que “la libertad más profunda no depende de los muros sino de mantener viva la verdad de lo que hice y por qué lo hice”.
La exmandataria afirmó también que “nunca va a arrepentirse de haber servido a mi patria cuando me necesitó” y denunció que “no fue justo perder mi libertad por haber servido a mi país y tampoco seguir siendo estigmatizada por hechos de corrupción que nunca cometí”.
La decisión del TSJ ordena que Áñez sea juzgada mediante juicio de responsabilidades —un procedimiento especial reservado para expresidentes— debido a que el tribunal determinó que fue procesada por vía ordinaria “cuando correspondía” otro tipo de trámite.
La expresidente permaneció detenida en el penal femenino de Miraflores, en La Paz, por cuatro años y ocho meses aproximadamente, lo que ha generado debate sobre independencia judicial, garantías procesales y polarización política.
Para sectores críticos del gobierno o del oficialismo, este caso simboliza que la justicia pudo estar al servicio de intereses políticos. Analistas como Marcelo Silva han sostenido que “la justicia boliviana podría mostrar servilismo al poder de turno”.
Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia - una organización a la cual Áñez ha sido afín - afirmó: "hoy compartimos una extraordinaria noticia sobre la liberación de Jeanine Añez, ex presidente de Bolivia y que sufrió una persecución política injusta que la privó de la libertad por largos casi cinco años. Dios es fiel y hoy, con toda dignidad, recupera su libertad y se hace justicia en Bolivia".
“Las iglesias también nos acompañan… La Biblia regresa al Gobierno, La Biblia regresa al Palacio”, había afirmado Áñez al asumir la presidencia interina de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales el día anterior.
La liberación de Áñez coincide con un momento de transición política en Bolivia, lo que añade complejidad al escenario nacional. La eventual celebración de su salida y el futuro proceso que deberá enfrentar forman parte de un panorama aún por definirse.
Desde una óptica de libertad religiosa y pluralismo político, este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de que los procesos judiciales —especialmente los que involucran figuras públicas— se ajusten con rigor a los principios de debido proceso, equidad y justicia.
En este sentido, la decisión que hoy permite su salida de prisión no equivale al cierre del caso, sino al reinicio de un proceso judicial que deberá desechar dudas y restituir la confianza en la institución que imparte justicia en el país andino.
