Evangélicos de Guatemala piden proteger a la población y rechazan intimidación política

Ovalle
Pastor Jorge Ovalle, presidente de Alianza Evangélica de Guatemala. Foto: Alianza Evangélica de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA.— La Alianza Evangélica de Guatemala llamó a las autoridades a proteger a la población y garantizar una justicia imparcial, en un pronunciamiento que combina el rechazo a la violencia con una exhortación a los dirigentes políticos y sociales para que abandonen cualquier forma de intimidación.

"Ningún interés particular o político justifica el uso del miedo, la fuerza o la criminalidad", sostiene el comunicado de su junta directiva, fechado el 28 de octubre de 2026.

La organización expresó preocupación por los hechos que amenazan la vida, la tranquilidad y el patrimonio de los guatemaltecos. También pidió a las comunidades evangélicas perseverar en la oración, acompañar a quienes sufren y contribuir a la justicia y la reconciliación.

El documento no identifica ataques concretos ni señala a personas u organizaciones como responsables. Su mensaje se dirige tanto a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia como a los liderazgos políticos, sociales y religiosos.

Un llamado a la seguridad con respeto a los derechos humanos

La Alianza reclamó una justicia "imparcial, transparente y respetuosa de los derechos humanos". Esa formulación vincula la obligación estatal de responder al crimen con las garantías que deben orientar las investigaciones y la actuación de las autoridades.

El pronunciamiento llega en un mes marcado por hechos de violencia de alto impacto. El 17 de octubre, un ataque armado en el complejo deportivo Campo Marte, en la capital, dejó muertos al abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y al judoca Gustavo Aguilar Gamarro, según informó La Hora. El comunicado evangélico no menciona ese caso ni establece una relación explícita con él.

El 27 de octubre, el Gobierno confirmó la remoción de los responsables de la Dirección General y la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, en medio de cuestionamientos por las actuaciones policiales relacionadas con el crimen. El ministro de Gobernación presentó los cambios como parte de una evaluación y reestructuración institucional, según el reporte de El País.

Ese contexto permite situar la preocupación expresada por la organización religiosa, aunque no atribuirle una posición sobre investigaciones que su texto no aborda.

Homicidios muestran un panorama desigual

Las cifras disponibles ofrecen un cuadro más complejo que el de un aumento uniforme de la violencia. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), divulgados por la Agencia Guatemalteca de Noticias, septiembre registró 257 homicidios, frente a los 324 contabilizados en agosto. Una reducción mensual del 20,7%.

El mismo reporte situó el acumulado de enero a septiembre de 2026 en 2.335 homicidios, 62 menos que en el período equivalente de 2025. Sin embargo, recogió una advertencia del CIEN. La tasa interanual había pasado de 16,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en mayo a 16,8 en septiembre.

Los indicadores describen, por tanto, dos movimientos simultáneos: un acumulado inferior al del año anterior y señales recientes de deterioro. La reducción de un mes tampoco permite concluir que haya mejorado la seguridad en todos los territorios o frente a todas las formas de criminalidad.

Las iglesias, convocadas a acompañar a quienes sufren

Además de sus demandas a las autoridades, la Alianza dirigió una petición a quienes promueven o ejecutan actos violentos para que abandonen esas conductas y respeten la vida. Su argumentación se apoya en principios cristianos de arrepentimiento, reconciliación y responsabilidad hacia el prójimo.

A las iglesias les asignó una tarea de acompañamiento: estar junto a las personas afectadas y actuar como instrumentos de esperanza y justicia. El comunicado no anuncia un programa de asistencia ni detalla mecanismos para llevar adelante ese apoyo.

"No normalicemos la violencia ni guardemos silencio ante la injusticia", exhortó la junta directiva.

La declaración plantea así responsabilidades en distintos ámbitos: protección y justicia para las autoridades, integridad para los dirigentes y solidaridad para las congregaciones. Su demanda común es que la paz se traduzca en acciones que resguarden la vida y permitan a las comunidades vivir sin intimidación.


Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional.

Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina (AEL) y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). 

Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Luis Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.

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