Líder de secta en Kenia condenado a 200 años de prisión, proyecto de ley para regular sectas sigue estancado

Kenya
Mackenzie, fundador de la Iglesia Good News International, fue condenado a 100 años de prisión por 183 cargos de homicidio por inanición y a otros 100 años por ocho cargos de homicidio directo.

Un tribunal de Kenia ha condenado al autoproclamado predicador Paul Nthenge Mackenzie a 200 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de 191 personas, entre ellas 190 niños, lo que pone punto final a un caso penal de enorme trascendencia derivado de la tragedia de Shakahola.

La sentencia, dictada por la jueza Diana Kavedza en el Tribunal Superior de Mombasa el pasado 6 de noviembre, se produjo tras la declaración de culpabilidad de Mackenzie el mes pasado por 191 cargos de asesinato. Otros 28 co-acusados recibieron penas de cárcel que oscilan entre los 10 y los 160 años.

Mackenzie, fundador de Good News International Church, fue condenado a 100 años por 183 cargos de homicidio por inanición y a otros 100 años por ocho cargos de asesinato por homicidio directo. Ambas condenas se cumplirán de manera consecutiva, sumando una pena total acumulada de 200 años de privación de libertad.

Los fiscales señalaron que Mackenzie ordenó a sus adeptos que se privaran de alimento junto a sus hijos hasta morir, asegurándoles que de esa forma podrían llegar al cielo y encontrarse con Jesús. Quienes se resistieron habrían sido golpeados, atados o encerrados por otros integrantes del grupo.

La jueza Kavedza describió el sufrimiento padecido por los menores, señalando que algunos de ellos vieron morir a sus propios hermanos tras varios días sin ingerir alimento. "Los niños veían cómo sus hermanos caían muertos tras soportar el hambre durante días", afirmó.

Por su parte, Ojiro Odhiambo, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, cuestionó duramente la inacción de las instituciones estatales para prevenir lo ocurrido: "Todas estas entidades (instituciones) le fallaron a la gente (las víctimas)".

El tribunal desestimó la defensa de Mackenzie, quien alegaba no haber obligado a nadie a pasar hambre. Su abogado adelantó que apelará la condena.

El caso salió a la luz pública en abril de 2023, cuando las fuerzas policiales comenzaron a investigar denuncias de muertes en el bosque de Shakahola, en el condado de Kilifi. Las pesquisas posteriores destaparon cientos de cuerpos sepultados en fosas clandestinas y poco profundas; según los informes, varias víctimas fueron enterradas con vida.

Las autoridades llegaron a exhumar 448 cadáveres en la zona boscosa. Mackenzie encara además otros procesos judiciales relacionados con 52 presuntos fallecimientos adicionales, lo que eleva el número total de posibles víctimas a 500, según reportó Reuters.

La magnitud del drama suscitó profundas interrogantes sobre cómo la congregación pudo actuar durante años sin que intervinieran las autoridades. A la vez, abrió un intenso debate a nivel nacional respecto a la regulación de las entidades religiosas, en particular sobre el funcionamiento de iglesias independientes y líderes espirituales que operan al margen de las denominaciones tradicionales reconocidas.

Las reformas regulatorias continúan inconclusas

Tras los hallazgos en Shakahola, el presidente William Ruto conformó en mayo de 2023 un Equipo de Trabajo Presidencial para la Revisión del Marco Legal y Regulatorio de las Organizaciones Religiosas.

Dicho grupo, liderado por el reverendo Mutava Musyimi, recibió la tarea de evaluar los vacíos del marco actual y sugerir normativas orientadas a prevenir el extremismo, la manipulación y los abusos en el ámbito espiritual.

El informe final fue entregado al mandatario en julio de 2024, planteando una fórmula combinada de autorregulación interna de las iglesias con supervisión por parte del Estado.

Entre sus iniciativas clave figuraba la instauración de una Comisión de Asuntos Religiosos y la tramitación del Proyecto de Ley de Organizaciones Religiosas, pensado para otorgar una estructura legal más sólida en materia de inscripción, rendición de cuentas y vigilancia.

Hacia noviembre de 2024, el senador de Tana River, Danson Mungatana, retiró su propio proyecto legislativo a causa del rechazo de pastores y líderes religiosos, quienes advirtieron que la norma atentaba contra la libertad de culto consagrada en la Constitución.

A raíz de ello, el gobierno impulsó una vía legislativa alterna apoyada en el informe de la comisión presidencial.

En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó las medidas sugeridas, entre ellas el borrador del Proyecto de Ley de Organizaciones Religiosas 2024 y la respectiva Política de Organizaciones Religiosas 2024.

La administración abrió estos documentos a consulta pública en septiembre de 2025, convocando aportes de representantes de distintos credos y actores sociales, proceso que concluyó el 22 de octubre de 2025.

No obstante, al llegar mayo de 2026, la propuesta seguía sin transformarse en ley.

Ese mismo mes, agrupaciones de la sociedad civil y entidades confesionales solicitaron archivar la iniciativa por considerar que varios artículos resultaban discriminatorios para comunidades de fe más pequeñas y vulneraban garantías constitucionales.

Entre los puntos de mayor discordia destacan las exigencias para el registro legal, la necesidad obligatoria de contar con el aval de federaciones o asociaciones religiosas representativas y la obligatoriedad de acreditar estudios teológicos formales para ejercer el liderazgo eclesiástico.

La controversia pone en evidencia lo complejo que resulta legislar contra la explotación espiritual sin concederle al poder político una injerencia desmedida sobre el libre ejercicio de la fe.

Dudas en torno a la responsabilidad del Estado

La tragedia de Shakahola también ha intensificado los cuestionamientos hacia la actuación previa de las agencias del orden antes de que se desenterraran los cuerpos.

Mackenzie ya había estado en el radar de las autoridades, sufriendo detenciones previas en 2017 y 2018 por denuncias vinculadas a sus adeptos y a la negativa de permitir que sus hijos accedieran al sistema educativo y a la salud.

El hallazgo masivo de restos humanos en 2023 detonó averiguaciones para determinar si los cuerpos de seguridad y las autoridades locales desoyeron las alertas tempranas.

Asimismo, el informe de la Comisión Especial del Senado de 2023 sobre el caso Shakahola constató deficiencias en las estructuras legales y operativas vigentes, instando a instaurar una fiscalización mucho más rigurosa sobre los colectivos religiosos.


Artículo publicado originalmente en Christian Daily International, versión en inglés de Diario Cristiano Internacional.

Autor: Vincent Matinde es un escritor y periodista veterano con más de una década de experiencia cubriendo diversos temas en toda África. A través de sus reportajes y sus relatos, se ha labrado una reputación por sus análisis perspicaces y su profundo conocimiento de los diversos temas relacionados con África.

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