La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) elevó dos quejas formales al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por situaciones que considera graves y sostenidas de discriminación contra la comunidad evangélica en el país.
La primera denuncia expone la negativa recurrente de algunas funerarias a permitir actos de despedida evangélicos en sus capillas, limitando a las familias protestantes a improvisadas salas sin las condiciones adecuadas o forzándolas a trasladar el cuerpo del fallecido a sus lugares de culto.
FEREDE documentó varios casos recientes en Talavera de la Reina y Ciudad Real, donde, pese a los compromisos institucionales tras cada incidente, no se tomaron medidas efectivas para evitar que se repitan.
La segunda queja apunta a una deuda histórica pendiente con los ministros de culto evangélicos. Durante el franquismo y hasta 1999, estos pastores no pudieron cotizar a la Seguridad Social, quedando excluidos de derechos básicos como pensiones o sanidad. A pesar de sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012 y del Tribunal Supremo en 2017, el Estado no ha aprobado todavía el Real Decreto que debería restituir sus derechos.
Según advirtió FEREDE, el borrador actualmente en estudio es insuficiente y no da cumplimiento a las recomendaciones judiciales, al imponer a los pastores afectados —unos 150 entre ministros jubilados y viudas— el pago del capital coste de sus pensiones, algo inasumible para muchos de ellos, especialmente considerando su avanzada edad y situación económica.
Ambas quejas coinciden en señalar la falta de voluntad política para reparar estas injusticias, a pesar de tratarse de medidas viables y de bajo coste para las arcas públicas. La federación recordó que tanto la Constitución Española como la Ley de Libertad Religiosa y la legislación de servicios funerarios reconocen la igualdad de trato y respeto a las convicciones religiosas, principios que, denuncian, continúan sin cumplirse en la práctica para muchos ciudadanos evangélicos.
Desde FEREDE solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo para garantizar la aplicación efectiva de la ley y defender los derechos de una comunidad históricamente marginada en España.
