La Corte Suprema de Chile revocó una sentencia previa de la corte de la ciudad de Concepción y respaldó la decisión de la Iglesia Evangélica Pentecostal (IEP) de destituir al pastor Andrés Plagges de su cargo en la sede de Michaihue, San Pedro de la Paz. La resolución se fundamenta en la autonomía religiosa de la institución para determinar el ejercicio de sus ministerios.
El conflicto se originó cuando el pastor Plagges denunció irregularidades dentro de la iglesia, incluyendo casos de abuso sexual y fraudes en la entrega de licencias falsas. Estas acciones generaron tensiones con las autoridades eclesiásticas, que culminaron en su traslado a la localidad de Lanco en febrero de 2024. Al no acatar el traslado, la IEP decidió su expulsión en abril del mismo año.
Inicialmente, la Corte de Concepción acogió un recurso de protección presentado por Plagges, considerando que su expulsión carecía de fundamentación adecuada y vulneraba el debido proceso. Sin embargo, la IEP apeló esta decisión, argumentando que la medida se basó en actos de desviación vocacional y desobediencia por parte del pastor, conforme a sus estatutos internos.
La Corte Suprema, al analizar el caso, concluyó que las decisiones relacionadas con el tipo de pastorado y su lugar de ejercicio son inherentes a la autonomía de la iglesia y están influenciadas por consideraciones espirituales. Por ello, determinó que no corresponde al tribunal calificar dichas decisiones, respaldando así la facultad de la IEP para gestionar sus asuntos internos sin intervención judicial.
Este fallo destaca la importancia de la autonomía de las organizaciones religiosas en la administración de sus asuntos internos y establece un precedente sobre los límites de la intervención judicial en materias de índole espiritual y doctrinal.
