En Bolivia se debate un proyecto de ley que busca anular la emancipación de menores por matrimonio. Desde la anterior Ley 603, promulgada en 2014, ese país permite que los menores, a partir de los 16 años, puedan emanciparse de sus padres por contraer matrimonio, por autorización judicial, y/o por reconocimiento de actividad económica independiente.
El nuevo proyecto intenta derogar esa posibilidad, pero a la vez —según especialistas— podría brindar un escudo legal para quienes delinearon estrategias que perpetúan uniones entre adultos y menores de edad, exponiéndolos a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata de personas.
El punto central del debate es la emancipación por matrimonio, pues en los últimos 11 años el Servicio de Registro Cívico (Serecí) registró el matrimonio de 6.001 adolescentes, entre los 16 y 17 años, con adultos, lo que en los hechos otorgaba un marco legal a la pederastia, según reportó el portal Urgente.bo.
Además, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, desde 2014, se registraron 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, y 4.804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, según informó SWI.
La Organización de Naciones Unidas considera que el matrimonio infantil constituye una violación a los derechos humanos, y que casarse a una edad temprana expone a los menores a mayores riesgos de violencia, abuso, embarazos forzados y abandono escolar, perpetuando así un ciclo de pobreza y desigualdad.
Actualmente, el Parlamento boliviano dio media sanción a una modificación propuesta por la senadora Virginia Velasco, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que prohibiría sin excepciones el matrimonio y las uniones libres con menores de 18 años. No obstante, el proyecto aún debe ser aprobado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Sin embargo, movimientos pro-familia, como el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, señalaron que “el proyecto de ley propone modificaciones al Código de las Familias” y advirtieron que “el proceso familiar podría vulnerar la integridad y seguridad de los menores de edad”.
Diario Cristiano dialogó con la Dra. Fátima Oliva, presidente del departamento AEL Mujer de la Alianza Evangélica Latina (AEL) y defensora de la vida y la familia, quien desde Bolivia manifestó su preocupación. “La modificación al código está dejando la puerta abierta para no sancionar los delitos que se han cometido de violaciones y de pedofilia”.
Oliva explicó que el texto legal contempla las figuras de “matrimonios, uniones libres y de hecho”, que en la práctica —dijo— han encubierto el engaño sufrido por muchas menores de edad, a veces entregadas por sus propias familias en acuerdos por diversos motivos. “Esto deja abierto un delito con un marco de cuasi legalidad, habilitando al hombre contrayente a abusar de la menor bajo un marco legal o dejando sin castigo a quien haya convivido con una persona menor de edad por dos años en aparente conformidad”, remarcó.
Algunos detractores del proyecto justificaron que ciertas familias casan a sus hijas menores con hombres mayores por razones de pobreza, y que el matrimonio entre adolescentes sería una supuesta conquista social, similar al trabajo permitido desde los 14 años o el derecho al voto a los 16. Incluso una legisladora defendió que ella misma se casó siendo adolescente y que le fue “bien”, para justificar la permanencia de esta práctica y ampliar los llamados “derechos” de los adolescentes.
Por su parte, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, en la voz de su presidente, el licenciado Aarón Lara, alertó: “es alarmante la disposición final que valida matrimonios o uniones libres con menores de edad, que no serían calificadas como delitos si se establece que fueron consensuadas, lo que pone en grave riesgo el bienestar físico, emocional y espiritual de los menores”.
Lara además aclaró que el proyecto, que cuenta con media sanción, no tendría efecto retroactivo, por lo que los delitos cometidos hasta la promulgación de la ley no serían penalizados.
Lara también sostuvo que “hay una percepción generalizada de que se trata de una ley para proteger a personajes de la política boliviana al más alto nivel, lo cual es condenable. Pero las consecuencias son desastrosas para toda la niñez, que no solo queda expuesta, sino que es deber del Estado protegerla”.
