
[NOTA EDITORIAL: La publicación de éste artículo ha tomado tiempo, dedicación, esfuerzo e investigación por parte de redactores y editores. Si usted va a tomar todo o en parte de éste texto, sírvase citar a Diario Cristiano Internacional y colocar un link a ésta página. Gracias!]
El presidente de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), obispo Reynaldo Franco Aquino, expresó su preocupación ante la posibilidad de que presiones políticas hayan influido en la decisión del magistrado Luis Henry Molina de no optar por un nuevo período en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Aquino aclaró, sin embargo, que la organización no cuenta con información concreta que confirme que esas presiones existieron.
Molina, comunicó recientemente ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) su decisión de no procurar la continuidad en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
En declaraciones exclusivas a Diario Cristiano Internacional, Aquino explicó que su preocupación motivó la publicación de un reciente pronunciamiento de AEDO, que exhortó al CNM a garantizar transparencia, imparcialidad e independencia durante el proceso de evaluación de los magistrados y la posterior cobertura de las vacantes que se produzcan en el máximo tribunal dominicano.
“La gran preocupación de AEDO tiene que ver con que ha habido cierta tradición de influir políticamente en la elección de los jueces”, afirmó Aquino.
El dirigente evangélico vinculó esa inquietud con la decisión de Molina de no procurar su continuidad y señaló que en AEDO llamó la atención el cambio de posición que, según sostuvo, percibieron en el magistrado.
“La gran preocupación de AEDO tiene que ver con que ha habido cierta tradición de influir políticamente en la elección de los jueces” - Reynaldo Franco Aquino
“Realmente nos preocupa que eso siga incidiendo y que haya sido forzado el magistrado Henry Molina a renunciar, porque él estaba muy animado a continuar y de repente se presenta esta renuncia”, declaró.
Aunque Aquino utilizó el término “renuncia”, Molina no anunció una salida inmediata de la Presidencia de la Suprema Corte. El magistrado comunicó al Consejo Nacional de la Magistratura su decisión de no someterse al proceso de evaluación para optar por un nuevo período. La magistrada Nancy Salcedo Fernández tomó la misma decisión.
En la comunicación remitida al CNM, Molina expresó respeto por las atribuciones constitucionales del organismo y manifestó su confianza en que el Poder Judicial continúe fortaleciéndose sobre la base de la independencia, la institucionalidad y los principios que sustentan el sistema de justicia, según la información publicada sobre el contenido de la carta.
La comunicación conocida públicamente no atribuyó su decisión a presiones políticas ni expuso un motivo personal concreto para no participar de la evaluación.
Aquino, sin embargo, sostuvo que la decisión despertó interrogantes en AEDO.
“Todo da a entender que hubo alguna presión en ese sentido, donde no se le garantizó a él la libertad para participar igual que los demás”, señaló.
Cuando Diario Cristiano Internacional le preguntó directamente si AEDO posee información sobre presiones, negociaciones o intentos de influencia política sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la organización reconoció que no cuenta con elementos que permitan afirmarlo como un hecho.
“No tenemos informaciones reales, solamente el comentario, el dicho popular de que hay ciertas presiones políticas”, respondió.
“Todo da a entender que hubo alguna presión en ese sentido, donde no se le garantizó a él la libertad para participar igual que los demás” - Reynaldo Franco Aquino
Aquino explicó que, por esa razón, AEDO formuló su posición como una advertencia dirigida a preservar la independencia del máximo tribunal, como informó el diario Evidencias.
“Lo lanzamos como una advertencia con el objetivo firme de que tengamos un tribunal y un equipo de jueces de la Suprema Corte de Justicia que no sean miembros de los partidos políticos ni respondan a la línea política de ningún partido”, afirmó.
Hasta el momento, no se conocieron elementos públicos que confirmen que Molina recibió presiones políticas para desistir de optar por otro período en la Suprema Corte. El propio presidente de AEDO dejó establecido ante este medio que la organización no posee información concreta que pruebe una intervención de ese tipo.
Once magistrados ante un proceso que se demoró casi cuatro meses
El pronunciamiento de AEDO se produjo en un momento especialmente relevante para la composición de la Suprema Corte.
Molina forma parte de un grupo de magistrados cuyo período debía ser examinado este año por el Consejo Nacional de la Magistratura. Según Diario Libre, él y otros diez jueces llegaron en abril al término del período correspondiente, lo que abrió el proceso de evaluación por parte del CNM.
AEDO formuló su posición como una advertencia dirigida a preservar la independencia del máximo tribunal.
Entre los magistrados designados en 2019 se encuentran Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico. También quedaron comprendidos en el proceso Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena, quienes acumularon 14 años en la Suprema Corte.
El período de los magistrados concluyó en abril, pero la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura llegó casi cuatro meses después. Durante ese intervalo, distintas organizaciones reclamaron que se pusiera en marcha el procedimiento.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el Instituto Dominicano de Derecho Penal estuvieron entre las entidades que solicitaron la convocatoria, según informó el periódico El Caribe.
El presidente Luis Abinader convocó finalmente al Consejo Nacional de la Magistratura para el 3 de agosto.
Ese día, el organismo aprobó oficialmente el cronograma de trabajo para evaluar el desempeño de los magistrados de la Suprema Corte. De acuerdo con la Presidencia dominicana, el proceso se extenderá hasta octubre y, una vez determinadas las vacantes, comenzará otra etapa para recibir y evaluar candidaturas.
El papel del Consejo Nacional de la Magistratura
El Consejo Nacional de la Magistratura constituye una pieza central del sistema institucional dominicano porque tiene entre sus atribuciones la designación y evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Según la información institucional del propio CNM, el organismo está encabezado por el presidente de la República y cuenta con ocho integrantes provenientes de diferentes poderes e instituciones del Estado.
En su conformación participan el presidente de la República; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; representantes legislativos pertenecientes a fuerzas políticas distintas de las de quienes presiden ambas cámaras; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; otro juez de esa corte; y el presidente del Tribunal Constitucional.
Esta integración política e institucional otorga especial relevancia a los reclamos de transparencia e independencia durante los procesos de selección y evaluación, aunque la composición del organismo no constituye por sí misma evidencia de interferencias partidarias.
El CNM no solo decide sobre la continuidad de los magistrados después de su evaluación. También tiene atribuciones relacionadas con la conformación de la Suprema Corte y la determinación de quién ocupa su presidencia.
La decisión de Molina implica que, además de producirse una vacante en la Suprema Corte al concluir su permanencia, el CNM deberá determinar quién encabezará posteriormente el alto tribunal.
AEDO reivindica la gestión de Molina
El pronunciamiento de AEDO incluyó un reconocimiento público a la gestión de Molina.
Aquino explicó a Diario Cristiano Internacional que la organización mantiene una valoración positiva de su desempeño al frente de la Suprema Corte.
“Nosotros valoramos como muy positivo el trabajo de Luis Henry Molina”, afirmó.
El presidente de AEDO destacó particularmente los avances relacionados con el atraso de los expedientes judiciales y la incorporación de herramientas tecnológicas.
“Se trabajó mucho y se redujo la mora judicial. Aparte de reducir la mora judicial, también se empezó a trabajar los juicios digitales o virtuales y eso aceleró mucho los procesos”, señaló.
Aquino consideró que esos resultados justificaban la posibilidad de una continuidad de Molina.
“Se trabajó mucho y se redujo la mora judicial. Aparte de reducir la mora judicial, también se empezó a trabajar los juicios digitales o virtuales y eso aceleró mucho los procesos” - Reynaldo Franco Aquino
“Creo que hizo un excelente trabajo, que bien se le podía dar continuidad y, por eso, al reconocer ese trabajo, lo hemos hecho también públicamente en el documento”, añadió.
El propio Poder Judicial dominicano atribuye a la gestión iniciada por Molina en 2019 avances en la reducción de la mora judicial, la transformación digital y el acceso a los servicios judiciales.
Según cifras difundidas por el Poder Judicial, actualmente nueve de cada diez casos que llegan a la Suprema Corte reciben respuesta en un año o menos. Se trata de datos proporcionados por la propia institución sobre los resultados de la gestión de Molina.
La decisión de Molina también generó reacciones
La determinación del presidente de la Suprema Corte de no someterse a la evaluación también abrió un debate entre organizaciones de la sociedad civil dominicana.
Según Diario Libre, Participación Ciudadana expresó preocupación ante el riesgo de que se instale la percepción de que las decisiones del CNM ya estén definidas, mientras que la Fundación Institucionalidad y Justicia consideró que la decisión de Molina corresponde a una determinación personal que debe respetarse.
Esas posiciones no constituyen evidencia de presiones sobre Molina, pero muestran que su decisión se produjo en medio de un debate más amplio sobre el proceso de evaluación y la futura composición de la Suprema Corte.
La determinación del presidente de la Suprema Corte de no someterse a la evaluación abrió un debate entre organizaciones de la sociedad civil dominicana.
El antecedente inmediato también resulta relevante. En diciembre de 2025, el Consejo Nacional de la Magistratura completó otro proceso de renovación del máximo tribunal.
En esa oportunidad, el CNM juramentó a cinco nuevos jueces de la Suprema Corte: Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
El proceso de 2026 puede producir nuevos cambios en la composición de la alta corte y deberá definir, además, quién sucederá a Molina en su presidencia.
AEDO reclama una Suprema Corte alejada de los partidos
En su pronunciamiento, la Alianza Evangélica Dominicana exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura a garantizar que el proceso se desarrolle con “absoluta transparencia, imparcialidad, independencia y estricto apego a la Constitución y las leyes” de República Dominicana.
La entidad sostuvo que las decisiones deben fundamentarse en el mérito, la capacidad profesional, la trayectoria ética, la independencia de criterio y el compromiso con la justicia.
También reclamó que el proceso quede preservado de cualquier influencia o interés político que pueda afectar la credibilidad del Poder Judicial.
Aquino señaló que una justicia independiente constituye uno de los pilares para la paz social, la protección de los derechos fundamentales y el desarrollo del país, y reclamó procedimientos objetivos y transparentes para definir la futura composición de la Suprema Corte.
El pronunciamiento introduce así la voz de una organización representativa del sector evangélico dominicano en un debate que ya involucró a distintas entidades de la sociedad civil y del ámbito jurídico.
La posición de la entidad se concentra, por tanto, en una advertencia preventiva: que la evaluación de los magistrados y la posterior selección de quienes ocuparán las vacantes se mantengan al margen de intereses partidarios y que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura respondan a criterios profesionales, éticos e institucionales.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional. Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Luis Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.





