Uruguay está a un paso de convertirse en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, junto con Colombia y Ecuador. El proyecto de ley, que será sometido a votación el 12 de agosto tras ocho años de debate legislativo, plantea un marco regulatorio integral para el derecho a la “muerte digna” e impone estrictos requisitos médicos y legales para su aplicación.
De acuerdo con un informe de la Deutsche Welle, la eutanasia está permitida en solo ocho países del mundo, incluyendo España, Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador, Colombia, Bélgica y Luxemburgo. En América Latina, Colombia y Ecuador ya admiten la práctica, mientras que en la mayoría de los demás países la eutanasia sigue siendo ilegal y penalizada.
En este contexto, Uruguay podría votar la ley de “muerte digna”. Según el diputado uruguayo Federico Preve Cocco, promotor de la iniciativa, la aprobación dejaría a Uruguay como “el primer país (de Latinoamérica) que tenga un marco regulatorio completo, definitorio… en cuanto a los derechos humanos”.
Se destacan distintos tipos de eutanasia y procedimientos relacionados: la eutanasia activa, que implica la administración de una dosis letal por parte de un médico; la eutanasia pasiva, donde se suspenden tratamientos o medicamentos; y el suicidio asistido, en que una persona recibe ayuda para morir, como explicó a Diario Cristiano Gabriel Ballerini, Magister en Ética Biomédica.
Algunos casos emblemáticos en la región: Perú, donde Ana Estrada recibió eutanasia luego de años de lucha contra la polimiositis; Ecuador, donde una demanda por parte de Paola Roldán motivó la despenalización; y Colombia, que despenalizó “cualquier tipo de eutanasia” en 2022.
La norma propuesta en Uruguay incluye requisitos estrictos para acceder a este procedimiento: los pacientes deben ser mayores de edad, manifestar legalmente su voluntad, y ser evaluados por profesionales médicos y psicológicos. La ley busca consagrar “la autonomía y libertad de decisión de las personas” en casos de enfermedades terminales o incurables, con sufrimiento intolerable y deterioro progresivo de la calidad de vida; también contempla la intervención de una junta médica o evaluaciones independientes.
"Bajo estas condiciones, y con un marco de garantías que incluye dos opiniones médicas independientes y, eventualmente, la de una junta médica, se brindaría la posibilidad de elegir el final de la vida para poder morir con dignidad”, explicó Preve.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) mantuvo el pasado martes un encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el que abordaron entre otros temas de relevancia nacional, el proyecto de ley sobre eutanasia y diversas problemáticas sociales que afectan a la población más vulnerable.
El CEU reiteró su posición crítica respecto al proyecto de ley de eutanasia, que se encuentra en la antesala de su votación parlamentaria. Los obispos subrayaron la necesidad de promover cuidados paliativos y un acompañamiento integral al final de la vida.
“Quisimos centrar nuestra intervención en destacar lo que sí se puede hacer desde una mirada positiva: acompañar, cuidar y promover los cuidados paliativos”, señaló monseñor Heriberto Bodeant, obispo de Canelones. Bodeant aclaró que no solicitaron al presidente un eventual veto en caso de aprobación de la ley, sino que compartieron la visión de la Iglesia sobre la dignidad de la vida hasta su término natural. “Fue un intercambio respetuoso y abierto”, agregó.
