
A menos de dos semanas de la caminata convocada por la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y la Iglesia Católica, el ambiente político-religioso del país se ha tensado. Por un lado, la Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas de Honduras (ASIECAH) anunció que no participará del evento, y por otro, el comisionado presidencial Miguel Briceño pidió la eliminación de la personería jurídica de la CEH y de la iglesia dirigida por su presidente, el pastor Gerardo Irías.
En un comunicado oficial, ASIECAH expresó su rechazo a la caminata, argumentando que tanto la Confraternidad como la Iglesia Católica han mostrado una “clara inclinación político‑partidista”. En ese sentido, consideraron que participar en dicha movilización comprometería su autoridad espiritual y su identidad como asociación apolítica.
“Nuestra responsabilidad es orar para que los gobernantes reciban sabiduría de Dios y gobiernen con justicia”, señaló el pronunciamiento.
La organización reafirmó que su propósito es evangelizar y hacer discípulos, no promover cambios sociales mediante protestas públicas, las cuales consideran “sin base bíblica”. Aunque manifestaron su desacuerdo con algunas acciones del gobierno de Xiomara Castro, recalcaron que su respuesta no será confrontativa.
ASIECAH también llamó a esperar las elecciones generales del 30 de noviembre como la vía legítima para un cambio de liderazgo que promueva valores como la familia, la educación, la salud y el desarrollo integral del país.
En paralelo, las tensiones aumentaron tras declaraciones de Miguel Briceño, comisionado presidencial y dirigente del partido Libre, quien pidió públicamente la cancelación de la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la iglesia de Gerardo Irías.
A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Briceño calificó al líder evangélico como un “mercenario de la fe” y exigió la “suspensión de la personería jurídica a la CEH y de la iglesia que dirige ese pastor”.
Además, Briceño sugirió que militantes del oficialismo podrían asistir a la caminata del 16 de agosto para infiltrar la actividad.
Las declaraciones se dieron luego de que el pastor Irías lanzara fuertes críticas al oficialismo, al afirmar que: “Libre se convirtió en un mal necesario que tenía que llegar al poder… pero hoy tenemos el riesgo más grande, no hay cosa más triste que darle poder a un pobre”.
Irías respondió que estas amenazas no lo disuadirán. “Una personería jurídica no nos detiene para predicar. Predicaremos con o sin personería jurídica. La verdad prevalece”, dijo con firmeza.
Irías enfatizó que no cree que la palabras de un ministro vayan a desmoronar el Gobierno y vayan hacer cosas que le traigan repercusiones. "Nosotros como Confraternidad Evangélica tenemos nuestra personería jurídica legal, y como iglesia también, pero eso no nos quita el sueño y nuestra boca está lista para predicar con personería jurídica y sin personería jurídica", precisó.
El líder evangélico también afirmó que su postura no responde a una intención política, sino a un compromiso constante con la verdad y la denuncia, incluso en gobiernos anteriores. Además indicó que en el actual Gobierno no todos son iguales, y que hay personas que tienen sabiduría para darse cuenta que "meterse con Dios practicamente es derribar el reino".
"Nosotros como iglesia oramos por este Gobierno a pesar de que la mayoría de gobiernos nos han hecho pedazos en este país", aseveró.
Por otra parte, el pastor Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela (APT), defendió la labor de la Confraternidad Evangélica ante recientes críticas del Gobierno. Banegas rechazó las propuestas de suspender su personería jurídica y afirmó que la entidad representa a más del 50 % de la población creyente del país.
Controversias dentro de la propia CEH por la marcha
Aunque Banegas enfatizó que la CEH no equivale al pastor Irías, sino a un colectivo amplio de líderes comprometidos con la democracia y la paz, aseguró que las críticas no alterarán la movilización prevista para el 16 de agosto.
El vicepresidente de la CEH, Ángel Andrade, aseguró que Irías actuó por cuenta propia al unirse a la Conferencia Episcopal para marchar “por la democracia”, sin consultar "ni a la Junta Directiva ni a la Asamblea de la institución cristiana", afirmó.
Según Andrade, Irías irrespetó los procesos internos de la CEH y su accionar representa una inclinación política que compromete el propósito original de orar por Honduras, y que “puede terminar mal”, publicó El Libertador.
Para Banegas cualquier vinculación con partidos políticos está descartada y sostuvo que las acciones tomadas por el presidente de la CEH en nombre de la institución, nacen del compromiso por una democracia plena, en especial de cara a las elecciones del 30 de noviembre. Además llamó al diálogo con quienes discrepan y promovió una postura conciliadora desde la fe.
Andrade fue catregórico al decir que “algunas Iglesias van a apoyar esta marcha. Otros no la van a apoyar. Y eso no deslegitima a ninguna congregación”. Mientas que Banegas aseguró que "se realizará en los 18 departamentos" y con al menos "30 municipios confirmados".
Imágenes que embarran la cancha
En medio de toda la polémica anterior, salió a luz que el presidente de la CEH fue reconocido por haber actuado como activista de Nasry “Tito” Asfura durante las elecciones generales de 2021, según reporta El Libertador. Asfura es un empresario y ex alcalde de Tegucigalpa de ascendencia palestina.
En un acto que luego fue desmentido, Irías habría apoyado activamente la candidatura de Asfura, aspirante presidencial del Partido Nacional, lo cual generó cuestionamientos sobre la imparcialidad institucional y el papel de Irías como líder religioso.
La vinculación motivó debates internos sobre la interferencia política dentro de la CEH, afectando su imagen pública y credibilidad. La situación expone un giro en la postura de la entidad evangélica, que históricamente sostenía una línea de no participación partidaria, pero que habría terminado con un respaldo expreso al partido nacionalista justo en un año electoral clave.
La caminata fue anunciada como un acto interreligioso por la paz, la democracia y la familia. Según sus convocantes, no se permitirá la participación de personas identificadas con partidos políticos ni el uso de símbolos electorales. Sin embargo, la controversia en torno al evento refleja el delicado equilibrio entre fe y política en el actual contexto hondureño.
En el trasfondo de esta marcha está la crisis política del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya parálisis ha generado incertidumbre en torno a los próximos comicios generales. Diversos analistas han advertido sobre una posible intención de obstaculizar el proceso electoral. Según el experto Carlos Cálix, “hay un plan deliberado para llevar al país a una elección fraudulenta”.