A los turistas que ingresan a Nicaragua ya no se les permite portar Biblias. La restricción, que también se aplica a otros materiales impresos y equipos electrónicos, forma parte de una creciente lista de artículos prohibidos en la frontera y se produce en medio de la intensificación de las limitaciones a las libertades civiles y de una continua represión contra los cristianos.
Avisos exhibidos en las terminales de Tica Bus en Costa Rica enumeran Biblias, periódicos, revistas, libros, drones y cámaras entre los artículos prohibidos, junto con objetos punzocortantes y alimentos perecederos, según informa el grupo Christian Solidarity Worldwide, con sede en el Reino Unido.
Un representante de la empresa de transporte regional Tica Bus en El Salvador confirmó que a los pasajeros que viajan a Managua no se les permite llevar “Biblias, periódicos, revistas, libros de cualquier tipo, drones y cámaras”, informó CSW.
Un segundo representante de la oficina de la empresa en Honduras dijo que las restricciones han estado en vigor durante más de seis meses.
La prohibición se produce tras años de crecientes limitaciones a las libertades civiles y a la expresión religiosa en Nicaragua. Miles de grupos de la sociedad civil han sido clausurados, y las organizaciones religiosas se han enfrentado a la vigilancia, la detención y la cancelación de eventos públicos.
Desde abril de 2018, a más de 5.000 organizaciones independientes de la sociedad civil se les ha revocado su estatus legal, incluyendo a más de 1.300 grupos religiosos.
Las restricciones a los medios de comunicación, como los controles aduaneros sobre la tinta y el papel, llevaron al cierre en 2019 de El Nuevo Diario, un destacado periódico independiente.
Las procesiones religiosas públicas han sido prohibidas, a menos que sean organizadas por grupos afines al gobierno. En varios casos documentados, líderes religiosos han sido detenidos arbitrariamente, se han restringido sus movimientos y sus actividades han sido sometidas a la aprobación del Estado.
La Iglesia ha permanecido como una de las pocas instituciones abiertamente críticas con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Durante las protestas masivas de 2018 contra las reformas de las pensiones, clérigos, entre ellos Palacios Vargas, pastor protestante y fundador de la Asociación de Iglesias La Roca de Nicaragua en Jinotepe, condenaron la violencia policial contra los estudiantes.
En 2019, a la Asociación se le revocó su estatus legal, como parte de una tendencia de persecución legal y burocrática contra organizaciones religiosas.
El gobierno nicaragüense también ha impuesto restricciones financieras y legales más estrictas a las ONG. Una ley de 2018 sobre financiamiento extranjero ha permitido a los funcionarios clausurar miles de organizaciones, afectando desproporcionadamente a instituciones católicas que previamente habían dado refugio a los manifestantes.
En marzo, al retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nicaragua respondió a un informe crítico publicado dos días antes. El informe de la ONU acusaba a la administración Ortega de desmantelar sistemáticamente la democracia, violar los derechos humanos y atentar contra la libertad religiosa.
Una de las investigadoras de la ONU, Ariela Peralta, declaró que el gobierno parecía estar “en guerra con su propio pueblo”. La vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es esposa del presidente, rechazó el informe calificándolo de “calumnia” y parte de una campaña de desprestigio coordinada.
Un informe de 2024 de CSW, titulado “Control Total: La Erradicación de las Voces Independientes en Nicaragua”, documentó 222 casos de persecución religiosa, incluyendo cancelaciones de eventos, vigilancia policial y revisiones semanales obligatorias para los líderes religiosos.
El mismo informe reveló que 46 líderes religiosos fueron detenidos durante 2024. Algunos fueron liberados rápidamente, mientras que otros permanecieron bajo custodia por períodos prolongados.
Anna Lee Stangl, directora de incidencia y líder del equipo de las Américas de CSW, dijo que la prohibición de material religioso e impreso era “sumamente preocupante dado el contexto actual de represión”, y añadió que debería ser levantada y que las libertades deberían ser restauradas.
Las últimas restricciones demuestran los esfuerzos de Nicaragua por controlar el flujo de voces e información independientes que ingresan al país.
