En Colombia, la situación de violencia y reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales alcanzó niveles alarmantes. Según informes recientes, los niños que se niegan a unirse a estas organizaciones enfrentan represalias mortales, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades cristianas.
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La organización internacional Open Doors (Puertas Abiertas) clasificó a Colombia en el puesto 46 a nivel mundial en su lista de países con mayor persecución a los cristianos en 2025. Según su informe, “los grupos guerrilleros en Colombia a menudo atacan a los cristianos en sus territorios, especialmente si consideran que los cristianos se oponen al ‘negocio’ de sus carteles de drogas asociados”. Además, se destaca que “los líderes de la iglesia están particularmente en riesgo porque intentan influir en los jóvenes que los grupos guerrilleros quieren reclutar”.
Estos grupos mantienen una estricta vigilancia sobre las iglesias para asegurarse de que sus enseñanzas no interfieran con sus operaciones. Las iglesias que denuncian el reclutamiento forzado o brindan programas de apoyo a jóvenes en riesgo —como aquellos que luchan contra la adicción o la explotación sexual— a menudo se convierten en blanco de violencia.
Para las niñas cristianas, el peligro es aún mayor. Además del reclutamiento forzado, están en mayor riesgo de sufrir violencia sexual. “A veces, los hombres de estos grupos se enamoran de las niñas de las iglesias y, por la creencia de que son más puras o inocentes, van tras ellas”, señala el pastor Salomón.
Asimismo la organización destacó que, durante 2024, la Defensoría del Pueblo registró 282 casos de reclutamiento forzado de menores de edad. Este fenómeno constituye una grave violación de los derechos de la infancia en el país.
Las comunidades indígenas se ven particularmente afectadas, representando al menos el 50% de las víctimas de estos reclutamientos. Un portavoz de la Defensoría del Pueblo señaló: “Las comunidades indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada, representando al menos el 50% de las víctimas”.
Un caso que ejemplifica esta problemática es el de un joven cristiano cuyo padre relató que intentaron secuestrar a su hijo para reclutarlo. Ante su negativa, el joven fue asesinado. El padre, en declaraciones recogidas por Puertas Abiertas, expresó: “Ya lo habían sentenciado. No lo denunciamos porque advirtieron a la comunidad de no hablar de ello con nadie”, según el informe publicado por Puertas Abiertas.
El 24 de diciembre de 2024, otro trágico incidente sacudió al país cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaron a un adolescente de 15 años en El Plateado tras negarse a unirse al grupo armado. Este hecho resalta la brutalidad con la que operan estas organizaciones al imponer su voluntad sobre las comunidades locales.
Los grupos armados ilegales en Colombia suelen atraer a los jóvenes con promesas engañosas de emoción, dinero y mejores condiciones de vida. Una vez que los menores se integran, es extremadamente difícil para ellos escapar. Aquellos que se rehusan a participar en actividades como entrenamientos armados o labores de cocina a gran escala son obligados a abandonar sus comunidades bajo amenaza de muerte. Incluso, niños pequeños son adoctrinados en escuelas donde los docentes tienen vínculos con estos grupos.
Estos menores son reclutados para formar parte de sus ejércitos paramilitares. Mientras que otros forman pandillas que controlan a la sociedad como el caso en Buenaventura, donde la comunidad cristiana se siente atrapada por el miedo, tal como informó Diario Cristiano.
Ante esta crisis, Puertas Abiertas se comprometió a brindar apoyo integral a las familias cristianas afectadas en Colombia. A través de asistencia humanitaria, respaldo emocional y espiritual, y atención pastoral, la organización busca ayudar a estas comunidades a superar los desafíos impuestos por la violencia y a reconstruir sus vidas en un entorno más seguro. Sumado, como publicó Diario Cristiano, al esfuerzo constante de la iglesia en desarrollar estrategias para salvar a los jóvenes de las adicciones como el consumo de estupefacientes.
La comunidad internacional y las autoridades colombianas enfrentan el reto urgente de implementar medidas efectivas para proteger a los menores y garantizar que sus derechos fundamentales sean respetados, poniendo fin a estas prácticas inhumanas que continúan afectando a las poblaciones más vulnerables del país.
