El Congreso de los Diputados de España aprobó la tramitación de una reforma legal que busca tipificar como delito penal las llamadas terapias de conversión, prácticas que intentan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. De aprobarse, quienes las promuevan o realicen —incluidos pastores, líderes religiosos o profesionales— podrían enfrentar penas de seis meses a dos años de prisión, además de inhabilitaciones y sanciones económicas.
El proyecto fue impulsado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y cuenta con el respaldo de partidos como Sumar, Podemos, ERC, Junts y Más Madrid. La iniciativa obtuvo 311 votos a favor, 33 en contra y una abstención, y ahora comenzará su debate en comisión.
Las terapias de conversión, conocidas como ECOSIEG (Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual e Identidad de Género), han sido condenadas por organismos internacionales como la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que las consideran formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Pastores y organizaciones religiosas bajo vigilancia
Uno de los puntos que ha generado debate es que la futura ley contemplaría penas para cualquier persona que realice estas prácticas, sin excepciones religiosas. Esto incluiría a pastores, sacerdotes o consejeros espirituales que intenten “curar” la homosexualidad o la transexualidad a través de retiros, oraciones forzadas, ayunos prolongados o terapias pseudopsicológicas.
A principios de 2025, el Ministerio de Igualdad de España ya había abierto expedientes a varias diócesis católicas por organizar talleres y sesiones de este tipo en comunidades de Madrid, Getafe, Alcalá de Henares y Barcelona. Las denuncias fueron impulsadas por asociaciones como No Es Terapia, que desde hace años registran y visibilizan estos hechos.
“Estas prácticas siguen vigentes en muchas iglesias, disfrazadas de retiros espirituales o asesoramientos. Es imprescindible que se legisle penalmente para acabar con este daño”, denunció Saúl Castro, vocero de No Es Terapia, citado por El País.
En una nota, la Alianza Evangélica Española (AEE) criticó el proyecto de ley, afirmando que la propuesta distorsiona el concepto de acompañamiento espiritual a las personas que desean dejar la homosexualidad. Además recordó que las prácticas de manipulación y tortura ya están tipificadas como delito por ley en España.
Según la AEE, el término "terapias de conversión" es una construcción ideológica creada para generar rechazo, y que la ley propuesta se refiere a la legislación de los regímenes totalitarios.
Los tratamientos de apoyo o las iniciativas de asistencia personal y pastoral para las personas que desean restaurar la consistencia entre su sexo biológico y su identidad de género no tienen nada que ver con la manipulación o la tortura, dijo la Alianza Evangélica en un comunicado.
Posturas enfrentadas
Mientras la mayoría de los partidos y colectivos LGTBI+ celebraron el avance de esta normativa como una medida de protección de derechos humanos, partidos como Vox votaron en contra, argumentando que se trata de una limitación a la libertad religiosa y de expresión.
Cuca Gamarra, diputada del Partido Popular, aunque votó a favor de la tramitación, advirtió que “debe cuidarse que la norma no atente contra la libertad ideológica ni la práctica religiosa pacífica”, según publicó Cadena SER.
Un debate con alcance regional
Con esta iniciativa, España se suma a otros países europeos como Alemania, Francia y Malta, que ya penalizan penalmente estas prácticas. En América Latina, países como Ecuador y Brasil han prohibido las terapias de conversión, aunque en muchos casos persisten sin regulación.
La propuesta legislativa española prevé agravar las penas en casos de reincidencia, violencia o cuando las víctimas sean menores, personas con discapacidad o se realicen con ánimo de lucro.
De aprobarse en forma definitiva, la ley representará un precedente en Europa al incluir penalizaciones explícitas para responsables religiosos, más allá de las sanciones administrativas que hasta ahora establecía la legislación vigente.
