En el marco de la celebración del Día del Pastor y la Pastora en Venezuela, Nicolás Maduro encabezó un acto en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, donde se dirigió a pastores y líderes evangélicos afines a su gobierno. Durante el evento, presentó una serie de propuestas para oficializar actividades religiosas como la Marcha para Jesús y las capellanías en prisiones.
Estas iniciativas, junto con ayudas estatales, han sido interpretadas como una estrategia para ganar apoyo en un contexto político marcado por la falta de respaldo electoral, evidenciado en los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
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En 2023, el Ejecutivo lanzó el programa Iglesia Social, destinado a brindar apoyo a sectores vulnerables a través de casas de alimentación, donaciones y asistencia social mediante el denominado "Sistema Patria". Sin embargo, este tipo de programas han generado divisiones en la comunidad cristiana, al ser percibidos como herramientas de control político y adoctrinamiento.
El 30 de enero, Maduro firmó un acuerdo que autoriza a las iglesias evangélicas a ingresar a los centros penitenciarios para predicar el mensaje de Jesucristo. Durante su discurso, el mandatario afirmó que Venezuela es admirada en el mundo por su resistencia y comparó la lucha de su gobierno con la victoria de David sobre Goliat, asegurando que el país sigue venciendo gracias a la “fuerza divina de Dios”.
Marcha para Jesús como Patrimonio Inmaterial y Espiritual
En presencia de diversos líderes evangélicos, Maduro decretó la Marcha para Jesús como Patrimonio Inmaterial y Espiritual de Venezuela y estableció que el evento se celebrará cada año el primer sábado de agosto. Entre los presentes estaba el pastor Hugo Díaz, actual presidente de la Marcha para Jesús en Venezuela, quien elogió la decisión del mandatario.
La medida generó controversia dentro y fuera del país. Aristóteles López, fundador de la Marcha para Jesús en Venezuela y actualmente exiliado, criticó la oficialización del evento y acusó a Díaz de "permitir que el gobierno utilizara la estructura de la marcha con fines políticos". López denunció que el cambio de fecha, de octubre a agosto, fue manipulado por el Ejecutivo y aseguró que tenía pruebas de que "la decisión estaba previamente acordada" entre Díaz y el gobierno venezolano.
En respuesta, Díaz publicó un video en el que afirmó que la modificación de la fecha fue acordada el 6 de diciembre con líderes de otros países y no impuesta por Maduro. Según Díaz, la intención "es lograr que, para el año 2030, cuando se cumplan 2000 años de la Resurrección de Cristo, la marcha se realice simultáneamente en todo el mundo".
No obstante, varios líderes cristianos de América Latina han expresado su malestar por la intervención del gobierno venezolano en la organización del evento. En declaraciones extraoficiales, representantes de Colombia, Argentina y Brasil manifestaron su preocupación por la politización de la marcha y su posible desvirtuación.
La polémica del 12 de octubre y la espiritualidad en Venezuela
El cambio de fecha también tiene un trasfondo espiritual. En Venezuela, el 12 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se realizaba la Marcha para Jesús, es un día asociado a rituales de espiritismo y brujería, especialmente en la celebración del Baile en Candela en honor a la Reina María Lionza. López y otros líderes cristianos consideran que trasladar la marcha a agosto significa ceder simbólicamente ese día al gobierno y permitir la permanencia de prácticas esotéricas en la identidad espiritual del país.
La oficialización de la Marcha para Jesús y su incorporación al calendario nacional ha puesto en evidencia la compleja relación entre política y religión en Venezuela.
Mientras algunos líderes cristianos ven la medida como un reconocimiento a su fe, otros la perciben como una estrategia de control estatal. La controversia sigue abierta, y el debate sobre la independencia de la Iglesia frente al poder político continúa dividiendo a la comunidad evangélica venezolana.
