Una ola de rechazo se ha desatado entre el liderazgo cristiano de la República Dominicana tras un fallo del Tribunal Constitucional que abre la puerta a las relaciones homosexuales dentro de las fuerzas policiales y militares. La medida es calificada como un golpe a la institucionalidad por parte del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y otras entidades religiosas.
En un comunicado difundido a medios nacionales, CODUE calificó la sentencia como un atentado contra la moral, las buenas costumbres y la disciplina interna de los cuerpos castrenses. Su presidente, el pastor Feliciano Lacen, afirmó que la decisión “relega el principio de autoridad moral que debe prevalecer en cuerpos como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”.
La sentencia del Tribunal anuló artículos de los reglamentos internos que sancionaban a miembros de los cuerpos armados por sostener relaciones homosexuales, al considerar que tales normas constituían discriminación por orientación sexual, así lo informó Diario Libre.
CODUE advirtió que la medida podría generar “conflictos internos y contradicciones con los reglamentos militares vigentes”, lo que, a su juicio, afectaría la cadena de mando y la cohesión institucional.
El rechazo incluyó un pronunciamiento conjunto de distintas entidades religiosas. La comunidad evangélica dominicana sostiene que la sentencia “desconoce los principios morales, éticos y espirituales sobre los cuales se ha sostenido la sociedad dominicana”, y alertó sobre posibles repercusiones en la disciplina de los cuerpos estatales y en la percepción pública del ejercicio de autoridad.
A estas voces se sumó la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, plataforma que reúne concilios, entidades pastorales y organizaciones cristianas del país. Según informó Evidencias Digital, la Mesa declaró que el fallo abre “una puerta a la normalización de prácticas que antes eran sancionadas” dentro de las fuerzas armadas, e insistió en que la decisión “es incompatible con los valores institucionales que históricamente han guiado a la nación”.
A las reacciones se sumó también el ministerio JUCUM Serie 23, dirigido por Malcolm y Yanet Taylor desde San Pedro de Macorís, el cual emitió un comunicado reafirmando la vigencia de los principios bíblicos sobre la familia y la sexualidad. La organización defendió el derecho de las instituciones a establecer códigos de ética propios que reflejen su misión y valores, haciendo un llamado respetuoso a las autoridades para que tomen en cuenta "la voz de las comunidades de fe" en las reformas normativas.
En su nota, JUCUM enfatizó que su defensa de la moral no busca atacar ni deshonrar a las personas, sino preservar modelos de conducta que fomenten la integridad en beneficio de toda la sociedad.
Las repercusiones políticas se desarrollan mientras legisladores analizan mecanismos para revisar la autonomía normativa de los cuerpos armados. En el plano social, líderes evangélicos anunciaron que intensificarán sus programas de formación espiritual y prevención social, reiterando que la defensa de la moral pública seguirá siendo una prioridad para las iglesias protestantes.
A nivel institucional, el Gobierno y el propio Tribunal Constitucional deberán gestionar el equilibrio entre el principio de igualdad que sustentó la sentencia, la disciplina militar y las preocupaciones de sectores sociales que temen que el fallo modifique la cultura interna de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, CODUE y otras instituciones religiosas confirmaron que impulsarán actividades de sensibilización, jornadas de oración y foros públicos para analizar “la repercusión de esta sentencia en la cultura y la autoridad”, según declaró el pastor Lacen.
