En medio de un creciente debate social y judicial sobre la responsabilidad de las iglesias en casos de delitos cometidos por líderes religiosos, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana de República Dominicana manifestó su rechazo a los intentos de “judicializar a las iglesias por acciones individuales”.
A su vez, la diputada nacional Lidia Pérez afirmó que si bien los líderes religiosos deben rendir cuentas ante la ley, “las iglesias no pueden ser disueltas por sus faltas personales”.
La Mesa de Diálogo, que representa a diversas organizaciones cristianas del país, emitió un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos de extender la responsabilidad penal a instituciones por hechos cometidos por miembros individuales. En el documento, expresaron que las iglesias evangélicas "no son estructuras mafiosas ni empresas con fines de lucro. Son comunidades de fe con un claro compromiso ético y legal”.
Además, señalaron que la judicialización indiscriminada de las iglesias podría afectar el ejercicio de la libertad religiosa y estigmatizar a comunidades que no han participado en delitos.
Por su parte, la diputada Pérez, en declaraciones publicadas por Evidencias Digital, sostuvo que se encuentra “de acuerdo en que los líderes religiosos deben ser penalmente responsables cuando cometen delitos, pero eso no significa que debamos disolver iglesias o responsabilizarlas institucionalmente por las faltas personales de sus pastores”.
La legisladora también hizo un llamado a no confundir el legítimo pedido de justicia con la persecución ideológica. “Debemos ser firmes en castigar el abuso, pero también justos para no caer en excesos que vulneren derechos fundamentales”.
Tanto la diputada como la organización cristiana coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de prevención y rendición de cuentas dentro de las iglesias, sin que ello implique criminalizar a toda una comunidad por el accionar de uno de sus miembros.
El pronunciamiento llega en un contexto de creciente exposición mediática de casos vinculados a pastores acusados de estafas, abusos de poder o conductas indebidas, lo que ha generado preocupación tanto en la sociedad como dentro del mundo evangélico, que busca preservar su integridad y reputación.
