En una medida poco común en Indonesia, un tribunal administrativo revocó a principios de este año una orden del gobierno local para que una iglesia desocupara su lugar de culto, según informaron fuentes.
El Gobierno del distrito de Jombang en Java Oriental está apelando el fallo del 19 de marzo del Tribunal Administrativo Estatal de Surabaya que revocó la orden del distrito para que los propietarios del complejo comercial y residencial Simpang Tiga en Jombang desocuparan sus instalaciones, incluido Herri Soesanto, pastor de la iglesia Good God Church, y su esposa Liliek Soenarto.
Cuando la iglesia fue cerrada por la fuerza el 18 de agosto de 2024, unos 50 funcionarios del distrito de Jombang sacaron por la fuerza al Pastor Herry del lugar de culto y sellaron el sitio donde su iglesia se reunía, según dijo en un pódcast el año pasado.
El sellado del lugar de culto fue parte de un esfuerzo del gobierno local por recuperar varias tiendas que, según afirma, le pertenecen. El complejo se encuentra en Jombang, a unas 50 millas al oeste de Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental.
El panel de tres jueces revocó la orden con una declaración en la que se afirmaba que las objeciones de la defensa a la demanda de los propietarios del local comercial eran inaceptables, según la radio KBRN.
"Agradecemos mucho el veredicto", dijo Sonny Saragih, presidente del Instituto de Asistencia Legal HOPE, que representó a la iglesia. "El juez lo ha considerado con sabiduría, y esto es un paso adelante para mantener una buena gobernanza".
Un abogado del gobierno local, Yaumassyifa, dijo el 27 de marzo que los funcionarios presentarían una apelación, según kredoNews.com.
Yaumassyifa dijo que la propiedad pertenece legalmente al Gobierno del distrito de Jombang. Un portavoz de la Alianza de Organizaciones No Gubernamentales de Jombang, Suhartono, dijo que estaba sorprendido por el veredicto y lo cuestionó, informó kredonews.com.
"Consideramos que la carta de desalojo es correcta porque los ocupantes no han cumplido con las obligaciones que deben acatar", dijo supuestamente Suhartono, y agregó que dudaba de la competencia de los jueces. "El local comercial está en un terreno propiedad del Gobierno del distrito de Jombang, y dado que los ocupantes no quieren pagar el alquiler, desalojarlos es lo correcto".
Suhartono dijo que informaría del caso a la Comisión Judicial y a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.
Hadi S. Purwanto, un activista cercano al Gobierno del distrito de Jombang, coincidió en que los ocupantes no pagan alquiler.
"Es puramente porque el Pastor Herri Soesanto, como inquilino, no paga el alquiler al gobierno local. No tiene nada que ver con la iglesia", dijo Hadi a Morning Star News, explicando que además de usar el primer piso del local como tienda y el segundo como iglesia, el Pastor Herri ahora tiene un negocio en el complejo.
El Pastor Herri presentó una demanda contra el gobierno de Jombang el 27 de noviembre, pero perdió el caso, tras lo cual volvió a presentar la demanda en el Tribunal Administrativo Estatal de Surabaya y ganó.
El pastor afirma que no era el inquilino sino el propietario del local comercial, dijo su exabogado, Sri Sugeng Pujiatmiko.
"El Sr. Herri Soesanto lo compró, lo compró a una empresa que obtuvo los derechos de gestión del gobierno", dijo Pujiatmiko. "Así que, según él, tiene derechos legales".
Una fuente del gobierno local, sin embargo, dijo que una empresa privada en colaboración con el gobierno local construyó el complejo comercial y, por lo tanto, puede cobrar alquiler.
"Los residentes argumentaron que los locales comerciales que ocupan fueron comprados a la PT [empresa] y que no están relacionados con el esquema de alquiler establecido por el gobierno local", dijo la fuente a Jatimnews.com.
El Pastor Herri dijo que compró el local comercial a una empresa privada y que, por lo tanto, no tiene que pagar alquiler.
"El desarrollador no nos dijo nada sobre el esquema", dijo, y agregó que los propietarios de los locales tenían un certificado de derechos de uso del edificio de 2016 que siguieron utilizando aunque expiró en 2016, ya que es común en Indonesia posponer trámites legales mientras se realicen pagos.
La iglesia intentó extender el período de validez del certificado de derechos de uso del edificio, pero los funcionarios lo negaron, exigiendo que pagaran el alquiler y los atrasos, dijo.
"En 2022, el gobierno local nos pidió a nosotros, los compradores, que pagáramos el alquiler desde 2016 hasta 2021, con un pago de 19,105,000 rupias [1,228 dólares estadounidenses] por año", dijo.
Así, aunque la iglesia había comprado la propiedad y pagado impuestos sobre la tierra y el edificio sin que el desarrollador les informara del acuerdo con el gobierno para desarrollarla, el desarrollador y los funcionarios exigieron que pagaran alquiler, dijo.
