La Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) manifestó su "profunda preocupación" por una resolución mediante la cual el Gobierno colombiano adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035.
En un comunicado oficial del 17 de julio, la organización afirmó que algunos contenidos y mecanismos de implementación de la resolución "puedan resultar incompatibles con la Constitución Política de Colombia y con el bloque de constitucionalidad en materia de protección de la familia, los niños y las libertades fundamentales".
La resolución establece lineamientos de política pública en materia de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos para la próxima década. Sin embargo, desde su publicación surgieron cuestionamientos de distintos sectores que consideran que algunos de sus contenidos podrían entrar en conflicto con derechos constitucionales relacionados con la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el papel de las familias en la educación de sus hijos.
En ese contexto, CEDECOL expresó su desacuerdo con aquellos aspectos que, a su juicio, afectan el derecho preferente de los padres a orientar la formación moral, ética, espiritual y afectiva de sus hijos.
"No obstante, rechazamos cualquier intento de incorporar, mediante instrumentos administrativos, contenidos obligatorios que desconozcan el derecho preferente de los padres a orientar la formación moral, ética, espiritual y afectiva de sus hijos; que limiten la autonomía constitucional de las instituciones educativas; o que afecten la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el pluralismo que caracteriza a una democracia constitucional", señala el comunicado.
Defensa de la Constitución y de la familia
La organización fundamentó su posición en diversos artículos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos los artículos 18 y 19 sobre libertad de conciencia y libertad religiosa; el artículo 27 sobre libertad de enseñanza; el artículo 42, que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad; y los artículos 67 y 68, que establecen el papel de la familia en la educación y el derecho de los padres a escoger el tipo de formación para sus hijos.
Asimismo, recordó que este marco jurídico también se encuentra respaldado por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Al mismo tiempo, CEDECOL aclaró que su postura no constituye un rechazo a las políticas de protección de la infancia. Por el contrario, expresó su respaldo a todas las iniciativas orientadas a prevenir el abuso sexual, la explotación, la trata de personas, la violencia, el embarazo infantil y cualquier otra forma de vulneración contra los menores de edad.
Cinco propuestas al Gobierno
Además de expresar su preocupación, la Confederación presentó una serie de propuestas dirigidas tanto al Gobierno nacional como al presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Entre ellas solicitó una revisión constitucional y jurídica integral de la Resolución 1350 de 2026; la modificación o derogatoria de las disposiciones que considere incompatibles con la Constitución; garantizar que toda política educativa respete el derecho preferente de los padres, la autonomía de las instituciones educativas y la libertad religiosa; convocar una mesa nacional de concertación con familias, iglesias, universidades, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional; y fortalecer las políticas públicas destinadas a la protección de la infancia, la familia y la educación en valores.
CEDECOL afirmó que estas medidas permitirían construir políticas públicas "que reflejen el consenso constitucional y democrático de la Nación".
Llamado al diálogo
En la parte final del documento, la organización reiteró que la protección integral de la niñez debe sustentarse en el respeto a la Constitución, la dignidad humana y la participación activa de las familias.
"La defensa de la vida, la familia, los niños, la libertad religiosa y el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos constituye un compromiso con el Estado Social de Derecho y con los principios fundamentales de la República de Colombia", concluye el comunicado.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Gobierno colombiano no había emitido una respuesta pública al pronunciamiento de CEDECOL.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional. Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Luis Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.
