La Cámara de representantes de Puerto Rico hizo caso omiso al Proyecto del Senado 495 que dispone que toda menor que acuda a realizarse un aborto “bajo sospecha de agresión sexual” requerirá la autorización de su padre, madre o tutor. El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Ángel Matos dijo, “ese proyecto no tendrá paso en esta Asamblea Legislativa.” Durante el último día para considerar medidas nuevas, ninguno de los 25 legisladores del PPD en la cámara favoreció el proyecto.
La senadora por el Proyecto Dignidad (PD) Joanne Rodríguez Veve, y autora del proyecto, se expresó en sus redes sociales diciendo que el caucus del PPD ha “secuestrado” el proyecto para “no permitir que los representantes, cada cual vote de acuerdo a su conciencia”.
“Sencillamente, no quieren que voten”, dijo la senadora. “Muy probablemente, porque saben que si lo llevan a votación, la mayoría de los representantes le va a votar a favor y tampoco quieren que baje a votación porque no quieren asumir postura, porque sencillamente no quieren que [el pueblo] sepa dónde están posicionados sobre este tema”.
“Le dejaron la puerta libre a criminales para llevar a menores a clínicas de aborto o terminar sus embarazos para encubrir sus delitos,” dijo Rodríguez Veve en una nota del periódico NotiCel. “Esa es la responsabilidad que pesa sobre las manos y la conciencia del caucus del Partido Popular en la Cámara”.
El lunes 17 de junio, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto 495 que pone límites al aborto en menores de 15 años. Este proyecto contaba con 19 votos a favor, seis votos en contra y una abstención. Uno de los votos en contra vino de María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien expresó, “[La aprobación de este proyecto] es la continuación de la agenda para limitar los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres en las condiciones más vulnerables”.
“Esto no es cualquier escenario”, dijo Rodríguez Veve. “Ahora mismo en Puerto Rico menores de 15 años o menos; estamos hablando de menores de 11, 12, 13, 14 años; están yendo a clínicas a abortar sin que sus padres tan siquiera se enteren. O sea, que si una menor es víctima de abuso sexual, el mismo criminal que la agredió sexualmente la puede llevar a una clínica de aborto y nadie se entera, esto no puede seguir ocurriendo”.
La única excepción a la regla sería en la cual la agresión sexual viniera de uno de los padres o tutor legal. De ser así, las menores no necesitarían consentimiento parental.
A pesar de esto, defensores de los derechos reproductivos piden a la Cámara de Representantes que rechace el proyecto. Mayra Díaz Torres, quien pertenece al grupo Aborto Libre Puerto Rico, insiste que esta medida legislativa no remedia la violencia sexual en la isla. “Es una excusa para seguir cerrando acceso a que las personas decidan si quieren o no interrumpir un embarazo,” expresó la activista.
Sin embargo, Rodríguez Veve insiste en que este proyecto saca a la luz la falta de esfuerzo en aprender a criminales sexuales. “El Departamento de Justicia confirmó que las clínicas de aborto, por años, no estaban refiriendo a las autoridades correspondientes los casos de sospecha de abuso sexual de [niñas] de 15 años o menos”. Continuó diciendo, “cuando llegaba una menor bajo sospecha de agresión sexual le practicaban el aborto y la dejaban ir como si nada. Si la llevó el violador no se enteraron, si luego del aborto esa menor siguió siendo víctima de abuso sexual tampoco les importó”.
Rodríguez Veve expresó que para el Departamento de Justicia, “sencillamente proteger la vida e integridad de estas niñas y adolescentes no era lo importante, lo importante era hacerles el aborto, cobrar y ya”.
Según el informe del Proyecto del Senado 495 hubo 67 casos en el que a una menor de 15 años se le practicó un aborto entre el 2018 al 2022. De esos, 64 no fueron debidamente referidos para investigación por sospecha de abuso sexual. Solamente 2 fueron considerados como agresión sexual. 32 de estos fueron descartados por el Departamento de Justicia como agresión sexual. 22 se trató de niñas entre 14 y 15 años que sostuvieron relaciones con jóvenes de 18 y 19 años. En 36 de estos casos la joven fue acompañada de su madre o padre, sin embargo, en 30 de estos casos los expedientes no indican si la menor fue o no acompañada a realizarse el aborto.
El resto de los votos en contra vinieron de parte de Javier Aponte Dalmau y Héctor Santiago (Senadores por el Partido Popular Democrático (PPD); Rafael Bernabe Riefkohl y Ana Irma Rivera Lassén (senadores por el partido del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y José Vargas Vidot (senador independiente). El voto abstenido vino de parte de Nitza Morán Trinidad (senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
Proyecto Dignidad (PD) es un partido con valores conservadores y cristianos que se enfoca en proteger los derechos de la familia al igual que la educación de la niñez en Puerto Rico.
