La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado la creciente persecución religiosa en Nicaragua, señalando al régimen de Daniel Ortega por hostigar a la Iglesia católica y evangélica y a familias de activistas. En un informe reciente, la ONU detalló el encarcelamiento de sacerdotes y el cierre de medios de comunicación religiosos, en lo que describen como una "estrategia de represión sistemática".
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"El régimen nicaragüense está utilizando la religión como un arma política para silenciar voces críticas", afirma uno de los voceros del organismo. Esta persecución se ha intensificado desde 2018, cuando comenzaron las protestas masivas en contra del gobierno. Las autoridades nicaragüenses han expulsado a monjas, confiscaron propiedades de la Iglesia y encarcelaron a líderes religiosos.
"La persecución ha resultado en el cierre de al menos 1.103 de estas entidades desde 2018", indicó Christian Salazar, director de operaciones y cooperación técnica de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,
El informe destaca que, además de la persecución religiosa, las familias de los activistas que han sido detenidos o exiliados también sufren represalias. "Están siendo intimidadas, vigiladas y acosadas, lo que genera un ambiente de miedo y represión", denuncia el reporte de la ONU.
Una de las figuras más destacadas en este conflicto es el obispo Rolando Álvarez, quien ha sido un crítico abierto del régimen de Ortega y ha sufrido arresto domiciliario. “Ortega está tratando de silenciar a todos aquellos que representan una amenaza a su poder, incluso a la Iglesia", comentó el obispo antes de su detención.
La ONU hace un llamado a la comunidad internacional para que se tomen medidas más firmes en contra del gobierno nicaragüense y se proteja a aquellos que son perseguidos por su fe y sus ideales políticos. "Es urgente que la comunidad internacional actúe para frenar estas violaciones de derechos humanos", concluyó el organismo.
Este escenario plantea un panorama alarmante para los derechos humanos y la libertad religiosa en Nicaragua, en medio de una crisis política que sigue afectando gravemente a la sociedad civil.
