La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los “presos políticos” en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua —una cárcel ubicada en el norte del país—, están siendo obligados a participar en actividades evangélicas. Según la organización, esta práctica se impone a pesar de que la Constitución venezolana garantiza la libertad de religión y culto.
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De acuerdo con OVP, “uno de los hechos que generó gran preocupación ocurrió el 31 de diciembre de 2024, cuando los presos fueron obligados a escuchar música cristiana durante horas sin interrupción”. Fuentes cercanas a la situación afirmaron que aquellos que se negaron a participar en estas actividades religiosas fueron amenazados con represalias, que podrían incluir restricciones en visitas, aislamiento o tratos degradantes por parte de las autoridades penitenciarias.
La semana pasada, Nicolás Maduro anunció que las iglesias del país llevarán “el mensaje de Jesucristo a las cárceles”. Esta iniciativa, destinada a “construir el camino de la redención”, forma parte de un polémico acuerdo firmado por el mandatario junto a representantes de centros religiosos y el Ministerio de Servicio Penitenciario.
Si bien OVP tiene como propósito “velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad” en Venezuela, resulta llamativo que haya tardado 36 días en denunciar estos hechos.
La ONG sostiene que los considerados “presos políticos” en Tocorón son “víctimas de adoctrinamiento religioso”, lo que, según sus declaraciones, atenta contra “la libertad de pensamiento y de conciencia”.
Según investigaciones de Diario Cristiano, la OVP, al ser una organización opositora al régimen de Nicolás Maduro, utiliza este señalamiento como una forma indirecta de atacar al mandatario, debido al apoyo estatal a la labor de evangelización en las cárceles. En Venezuela, al igual que en otros países, los ministerios carcelarios suelen establecer congregaciones dentro de los penales, ofreciendo servicios religiosos que incluyen alabanzas, predicación y acompañamiento espiritual tanto para los reclusos como para sus familias. Además, brindan asistencia social mediante la entrega de alimentos, productos de higiene personal, ropa, cortes de cabello y otras acciones que buscan dignificar la vida de los internos.
Las reuniones de evangelización dentro de las cárceles venezolanas no son una práctica reciente. Aunque OVP afirma que estas actividades se llevan a cabo desde 2023, lo cierto es que tienen una larga trayectoria en el país. Sin embargo, ahora la organización denuncia un posible “avasallamiento” por parte de los evangélicos con el respaldo del gobierno.
Familiares de los reclusos han solicitado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Asimismo, exigen a las autoridades venezolanas garantizar la libertad de culto y cesar cualquier forma de coerción religiosa.
Cabe destacar que la OVP recibe financiamiento del exterior y, hasta el momento, no había manifestado una postura en contra de la iglesia evangélica. Sin embargo, los recientes decretos del gobierno, los bonos otorgados a ciertos sectores religiosos y la polémica en torno a la fecha y administración de la Marcha para Jesús parecen haber motivado esta denuncia, que no solo busca exponer la situación en Tocorón, sino también cuestionar el respaldo del gobierno a la iglesia evangélica.
