Más de 250 organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Congreso de la Nación que rechace la terna de candidatos propuesta para ocupar la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, y que se convoque a un nuevo concurso público “transparente, participativo y sin compromisos políticos”.
El pedido fue formalizado a través de un documento remitido a senadores y diputados, en el que las organizaciones expresaron que la terna consensuada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso carece de independencia y de legitimidad.
Las críticas a la terna
La comisión, presidida por la diputada Natalia Sarapura (UCR), elevó los nombres de María Paz Bertero, Matías Robledo y Héctor Vito. Según informó Infobae, distintas agrupaciones cuestionaron que los tres candidatos tienen vínculos políticos y que el proceso estuvo marcado por acuerdos partidarios y falta de transparencia.
“Los cargos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia no deben ocuparse de manera apresurada ni sin un debate serio y plural”, advirtió la Iglesia Católica en un comunicado difundido el 29 de septiembre. Organizaciones de madres también sumaron su rechazo, señalando la necesidad de un organismo independiente y con mirada integral sobre la niñez.
En su cuenta de Facebook el politólogo Marcelo Díaz aseguró que "la designación de la política abortera Sra. María Paz Bertero como Defensora de los Derechos del Niño y Adolescentes por parte de la Cámara de Diputados produce una sensación de enojo y frustración importante".
Además agregó en un tono de enojo y frustración que "mientras los evangélicos y sus organizaciones estén desconociendo el rol profético y relevante que tiene la iglesia unida dentro de la política argentina, los mejores lugares de gestión serán ocupados por quienes hacen exactamente lo contrario de lo que decimos creer".
La Defensoría, en situación de acefalía
El tema cobra mayor relevancia porque desde mayo de 2025 la Defensoría quedó sin autoridades tras la salida de Marisa Graham. La bicameral derogó la prórroga de su mandato y de sus adjuntos, dejando al organismo sin conducción formal.
Esto motivó que entidades como ACIJ, ELA, FEIM y Poder Ciudadano presentaran un amparo para que se garantice la continuidad institucional hasta que el Congreso designe nuevas autoridades.
Entre las entidades que impulsaron el recurso judicial para garantizar el funcionamiento de la Defensoría se encuentran:
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ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia): ONG argentina que trabaja en transparencia, acceso a la justicia y control institucional.
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ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género): organización feminista que promueve políticas de género y cambios legales en temas de familia, sexualidad y aborto.
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FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer): fundación reconocida por impulsar investigaciones y campañas a favor de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, incluida la legalización del aborto.
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Poder Ciudadano: capítulo argentino de Transparency International, dedicado a la promoción de la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción.
Aunque estas organizaciones coincidieron en cuestionar la falta de transparencia en el proceso de designación, su agenda ideológica en materia de familia y vida humana se distancia de los valores provida y profamilia.
Reclamo de independencia y valores
Las 257 organizaciones firmantes sostienen que la Defensoría debe ser ocupada por personas con capacidad técnica y ética, sin condicionamientos partidarios, y con compromiso real en la defensa de los más vulnerables.
Desde el ámbito provida y profamilia, el reclamo adquiere una relevancia especial dado que se busca que la institución respete principios de protección integral, dignidad humana, derecho a la vida y el rol de la familia en la crianza y cuidado de los niños.
“Lo que está en juego es mucho más que un cargo. Se trata de la confianza ciudadana y de garantizar que las políticas de niñez estén guiadas por el bien común y no por intereses ideológicos ni partidarios”, remarcaron en la carta enviada al Parlamento.
Con el fin de reclamar independencia y solvencia en la Defensoría, diversas organizaciones convocan a un acto público el martes 7 de octubre a las 14 frente al Congreso Nacional.
