Marisa Graham, la abortista que dirigía la Defensoría de Niños en Argentina, fue desplazada

A comienzos de los años 2000, en Argentina se creó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (N.º 26.061). Esta ley —sancionada en 2005 y reglamentada en 2006— instituyó la figura del Defensor/a, quien tiene la tarea de monitorear las políticas públicas en materia de infancia, así como proteger y garantizar los derechos de los niños. Tras catorce años de puesto vacante, en abril de 2019, una comisión bicameral del Congreso Nacional eligió a Marisa Graham como la primera “Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación".

Según la mencionada ley, las diez autoridades que componen una Comisión Bicameral son las encargadas de proponer, designar y remover a los defensores, que luego son aprobados por ambas Cámaras del Congreso.

El Congreso de la Nación debía resolver un concurso de oposición y antecedentes para nombrar a quienes sustituirían a la defensora y al defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, quienes venían desempeñándose en esos cargos desde marzo de 2020 y cuyas funciones cesaron el pasado 28 de febrero.

Ante esta situación, Graham —abogada y militante de los movimientos abortistas— había emitido una “prórroga tácita” de su mandato a través de una resolución interna, ante la falta de designación de su reemplazo. Para los oficialistas, la prórroga es “ilegal” y “debía ser derogada”.

Entre las críticas contra la defensora figuraban la de haber colonizado el organismo —quedando fuera de esto los pocos que, desde hace décadas, se preocupan de verdad y a puro pulmón por la niñez— y la de haber militado a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Según le dijo a Diario Cristiano el pastor Gabriel Ballerini, Magíster en Ética Biomédica y reconocido activista pro vida, Graham era “una gran paradoja en sí misma”.

Para Ballerini, toda la situación devenía en “una contradicción propia del peronismo [partido político que gobernó en Argentina durante casi los últimos 20 años, exceptuando los 4 años de Mauricio Macri, 2015-2019]”.

“Poner a una mujer abortista ahí”, desde la sanción de la Ley 26.061, cuyo cargo surge “en la necesidad de proteger los derechos de los niños”. Además, indicó que como la Ley de Protección y la Defensoría “surgen dentro del gobierno kirchnerista, de entrada le pusieron ‘niños, niñas y adolescentes’, aprovechando estructuras como estas no para proteger en realidad los derechos de los niños sino, en realidad, para usar ese tipo de estructuras para provocar adoctrinamiento”.

Una de las detractoras de Graham es la diputada nacional por el oficialismo Nadia Márquez, defensora de la vida y la familia, proveniente de una familia pastoral bautista y quien también ha ejercido el liderazgo en la iglesia Jesús es Rey, en Neuquén. Junto al diputado Nicolás Mayoraz —quien aseveró que Graham “está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición” y que no podían “aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”—, Márquez logró derogar aquella prórroga que había sido señalada como “ilegal”.

Diario Cristiano conversó brevemente con la diputada Márquez, quien aseguró que “fue un trabajo muy arduo” reunir los “votos necesarios para desalojar a Graham, que había usurpado el cargo de defensora luego de que se le venciera su mandato el 28 de febrero de este año”.

En otras palabras, la Bicameral rechazó la prórroga, dado que ya se había vencido ampliamente el tiempo de funciones establecido para la Dra. Graham. De esta manera, se estableció un corte legal y definitivo a la conducción que ejerció la funcionaria en la Defensoría del Niño.

De acuerdo con Graham, su decisión de prorrogar su mandato fue para proteger alrededor de 400 causas activas en el organismo y evitar que quedaran sin legitimación ante la falta de conformación de la bicameral. La comisión se había reunido por última vez en noviembre de 2023, antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, y la conformación del cuerpo fue postergada.

Luego de que Graham prorrogara su mandato y distintas organizaciones de niños y niñas alertaran sobre el riesgo que implicaría que el organismo quedara acéfalo, la bicameral fue conformada en marzo de este año. La Libertad Avanza (LLA — partido del presidente Milei) intentó ubicar a Nadia Márquez en la presidencia de la mencionada Comisión Bicameral dependiente del Congreso, pero finalmente quedó en manos de la diputada de la Unión Cívica Radical, Natalia Sarapura.

Desde ese momento, el cuerpo evitó reunirse y recién lo hizo este miércoles 28 de mayo. Durante la jornada se estableció que el concurso para proponer un nuevo defensor al Congreso iniciará el próximo 16 de junio. A partir de esa fecha se activará un plazo de 180 días para la presentación de reemplazantes, aunque podría prorrogarse. De aquí surge la advertencia de que la Defensoría quedaría acéfala, pero se encuadra en el rechazo por parte de quienes representan a la gestión de gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuyos representantes dijeron que “es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”.

Tras el rechazo a la resolución por parte del kirchnerismo se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, con horario a confirmar, para evaluar cómo queda la situación institucional de la Defensoría; en particular a quién se le asignará las responsabilidades del organismo hasta designar al reemplazante de Graham.

En ese sentido, Márquez le dijo a Diario Cristiano que “está plenamente garantizado el normal funcionamiento del organismo”. Además, explicó que hoy “la Defensoría tiene tres Secretarías, cada una con sus funciones y poderes vigentes, con lo cual pueden seguir plenamente toda la actividad diaria que tienen a cargo. Inclusive la representación en juicio, que en este momento son seis amparos y unas 35 causas judiciales amicus curiae”.