La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este viernes una sentencia histórica en el caso Beatriz contra El Salvador para dirimir por primera vez sobre la responsabilidad de un Estado en la prohibición del aborto y de esta manera avanzar o frenar masivamente la legalización del aborto por parte de los Estados Americanos. “El Estado salvadoreño es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal”, según el categórico veredicto.
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Por cinco votos a favor y uno parcialmente en contra el alto tribunal resolvió que "el estado adoptará todas las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. El Estado puede cumplir con esta medida a través de la adecuación de los protocolos existentes, la emisión de un nuevo protocolo o cualquier otra medida normativa que garantice seguridad jurídica en la atención de situaciones como las del presente caso”.
Entre los 11 puntos del fallo, los jueces del tribunal internacional señalaron que el Estado de El Salvador es responsable por incumplir con su deber de debida diligencia en la garantía de los derechos al acceso a recursos judiciales efectivos, la integridad personal, la salud y la vida privada de la joven, garantizados por los artículos 5, 11 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La falta de certeza jurídica sobre el abordaje de la situación de Beatriz obligó a burocratizar y judicializar su caso, primero con diversas solicitudes a diferentes órganos estatales que dieron respuestas contradictorias y posteriormente por medio de la interposición de un recurso de amparo. Esta situación puso en riesgo la salud de Beatriz”, explicó el vicepresidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, quien leyó el fallo.
Neydy Casillas, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, en declaraciones a ACI Prensa, señaló ayer que el caso Beatriz “es un caso falso, un caso armado por la industria del aborto y financiado por esa industria con la única y exclusiva finalidad de imponer el aborto en El Salvador pero también en todo Latinoamérica”.
Según Casillas “la petición que se hizo por parte de los grupos abortistas durante la audiencia fue que se declarara el aborto como un derecho y además se prohibiera la objeción de conciencia”.
Este es un caso que organizaciones proabortistas han usado y manipulado para lograr imponer la legalidad del aborto como un derecho de las mujeres. “Hay un gran conflicto de intereses en donde los países externos al sistema interamericano de derechos humanos están dando casi 90 millones de dólares tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a la Comisión”, enfatizó Casillas.
Casillas también había indicado que “cualquiera que sea el fallo, sobre todo si es un fallo negativo, lo único que va a denotar y va a demostrar es que la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano en realidad no es un sistema serio, no es un sistema jurídico, sino un sistema activista, un sistema pagado por la industria del aborto”.
Ver la lectura de la sentencia aquí:
