El debate sobre la despenalización del aborto ha vuelto a encender la discusión pública en el estado de Morelos, México. En esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado legislar para permitir el aborto legal, pero los diputados locales decidieron no acatar la instrucción.
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La SCJN argumentó que la prohibición total del aborto contraviene los derechos humanos y el principio de igualdad de género. Asimismo, la Corte señaló que la falta de acceso a un aborto seguro y legal pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. Pese a ello, los legisladores de Morelos optaron por solicitar al Juzgado Noveno Federal una aclaración de la sentencia, en lugar de avanzar con la reforma.
De acuerdo con los diputados, la resolución de la SCJN presenta inconsistencias, ya que proviene de un juicio previo a la reforma constitucional del 30 de octubre. Según el Congreso local, un artículo de la Constitución de Morelos establece principios que podrían entrar en conflicto con el mandato judicial, generando una posible contradicción normativa.
La diputada Eleonor Martínez expresó que, desde su perspectiva, podría existir una “imposibilidad jurídica” para cumplir con la sentencia, citando el principio de supremacía constitucional como argumento central.
El desacuerdo entre grupos parlamentarios ha impedido la obtención de la mayoría necesaria para avanzar en la despenalización. Esta situación fue confirmada por el coordinador de la bancada del partido oficialista Morena en el Congreso de Morelos, quien reconoció la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Para algunos grupos que se oponen al aborto, esta situación representa una victoria parcial, mientras que los colectivos que defienden los llamados "derechos reproductivos" calificaron la decisión como un obstáculo para su avance.
En paralelo, diversos carteles con mensajes críticos hacia los legisladores fueron colocados en zonas concurridas de Cuernavaca. Los mensajes hacen referencia a la página web carteldelaborto.org, un espacio que denuncia a los diputados que, según sus promotores, promueven la interrupción del embarazo como un derecho reproductivo.
Los impulsores de esta campaña también citan un estudio del Melisa Institute titulado “¿Cómo reducir la mortalidad materna en México?”, el cual posiciona a Morelos como el octavo estado provinicial con mayor índice de mortalidad materna en el país. Esta estadística ha sido utilizada por los activistas para argumentar en contra de la despenalización.
Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia celebró la decisión de no someter la propuesta a votación inmediata, destacando que el tema es “controversial” y requiere mayor análisis. “Se va a ir trabajando; es un tema difícil”, señaló la mandataria, dejando abierta la posibilidad de que la discusión se retome más adelante.
