El Congreso de la República de Guatemala ha dado luz verde a una controversial reforma que modifica la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, eximiendo a las iglesias, entre otras entidades, de la obligatoriedad de presentar estudios de impacto ambiental.
Según informa desde Ciudad de Guatemala, el periodista Ervin San Juan de Bendición News, la iniciativa 5698 fue aprobada con 98 votos a favor, tras ser impulsada por el diputado Edín Mejía, del partido Visión con Valores (Viva), y respaldada por legisladores de otras bancadas.
La enmienda añade una excepción clave al artículo 8 de la ley, facilitando que congregaciones e instituciones de beneficencia puedan desarrollar sus proyectos de construcción y otras actividades sin este requisito.
El nuevo artículo establece que "para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales o al ambiente, será necesario un estudio de evaluación del impacto ambiental" con la salvedad ahora aprobada para estos grupos.
Esta medida ha sido celebrada por algunos sectores como una forma de agilizar la labor social y religiosa, eliminando barreras burocráticas.
Sin embargo, ha despertado la preocupación de grupos ambientalistas y sectores de la sociedad civil, quienes advierten sobre los posibles riesgos de permitir construcciones y actividades sin una evaluación técnica previa. Los críticos señalan que "esta medida podría abrir la puerta a una mayor desregulación y problemas de responsabilidad en proyectos que, aunque sean de naturaleza benéfica, pueden incidir negativamente en los entornos donde se desarrollan".
La aprobación de esta ley pone de relieve la tensión existente en el país entre la promoción del desarrollo social y económico y la necesidad de proteger el medio ambiente, un debate que se mantiene vigente en la agenda pública guatemalteca.
