Un destacado líder evangélico en España ha acogido con cautela la decisión del Gobierno de ampliar el acceso a la sanidad pública para los migrantes sin residencia legal, al tiempo que advierte que las políticas mal controladas podrían fomentar involuntariamente el turismo sanitario.
El Ministerio de Sanidad de España anunció el 10 de marzo que se eliminarán las barreras administrativas que impedían a los migrantes en situación irregular acceder al sistema público de salud del país, en virtud de un nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. La medida entra en vigor de forma inmediata.
El decreto actualiza una regulación de 2018 que restableció el acceso a la protección de la salud y la atención médica para personas sin residencia legal, pero que dejaba vigentes importantes obstáculos administrativos.
Uno de esos obstáculos era el requisito de aportar el comprobante de inscripción municipal —conocido como padrón—, un documento que muchos migrantes indocumentados tienen dificultades para obtener porque los propietarios a menudo se niegan a registrar a inquilinos sin estatus legal.
Según el resumen oficial de la decisión gubernamental, la reforma busca crear "un procedimiento uniforme y eficaz en todo el país para el reconocimiento del derecho a la salud de los ciudadanos extranjeros no registrados ni autorizados".
"Esta norma pretende garantizar la equidad y evitar desigualdades dentro de este colectivo, permitiendo un mejor control de las enfermedades a través de la atención primaria y un uso más eficiente de los recursos públicos", señala el resumen.
Bajo las reglas actualizadas, los migrantes ahora pueden demostrar su residencia mediante documentación alternativa, como facturas de servicios públicos o informes de servicios sociales. Las solicitudes de asistencia sanitaria también se aprobarán automáticamente si las autoridades no emiten un rechazo en un plazo de tres meses. Se concederá acceso provisional a la atención mientras se tramita el papeleo.
La reforma se aplica en las 17 comunidades autónomas de España.
El Dr. Xesús-Manuel Suárez-García, secretario general de la Alianza Evangélica Española y miembro del comité ejecutivo de GBU España (IFES), declaró a Christian Daily International (versión en inglés de Diario Cristiano Internacional) que la política plantea cuestiones éticas y prácticas complejas.
Afirmó que la enseñanza cristiana apoya claramente el trato igualitario a los extranjeros que residen legalmente en un país, citando Levítico 24:22: "Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque yo soy Jehová vuestro Dios".
Sin embargo, Suárez-García señaló que los debates en torno al acceso universal a la salud para migrantes indocumentados suelen caer en dos extremos opuestos, ambos problemáticos a su juicio.
"Viví el primero directamente en un país latinoamericano", relató. "Mi familia ayuda a sostener un hogar de acogida allí, y un día una niña enfermó gravemente".
Cuando los cuidadores llevaron a la menor a un hospital cercano, el personal les dijo que la niña necesitaba tratamiento inmediato pero que no sería admitida a menos que pagaran 500 dólares.
"Dejar morir a un niño, ya sea nacional o extranjero, porque la familia no puede pagar es inhumano", afirmó.
No obstante, el extremo opuesto —ofrecer tratamiento hospitalario completamente gratuito a cualquier persona que llegue a España— también puede generar consecuencias difíciles, incluyendo lo que describió como "turismo sanitario".
Suárez-García relató el caso de una madre venezolana que viajó a España con su hija, quien necesitaba tratamiento para una grave afección renal, después de que unos vecinos le aconsejaran que podría obtener atención médica al llegar.
"Conocí el caso personalmente y hablé con colegas de un hospital para que la niña fuera ingresada y curada", explicó.
La situación ilustró tanto el impulso humanitario de brindar atención como los desafíos de políticas generales que enfrentan los gobiernos.
Suárez-García dijo comprender plenamente la decisión de la madre —e incluso ayudó a facilitar el tratamiento—, pero reconoció las preocupaciones políticas sobre lo que denomina el "efecto llamada", un factor de atracción que podría alentar a las personas a viajar a España específicamente para recibir atención médica.
"El tratamiento hospitalario ciertamente tiene un coste; la única diferencia es quién lo paga", señaló.
"En este caso no debería ser el Estado español —el pueblo español a través de sus impuestos— sino el Estado venezolano, que debería asegurar que haya un presupuesto para proporcionar la atención adecuada a sus nacionales".
Sugirió que los gobiernos podrían explorar mecanismos que permitan a España recuperar los costes del tratamiento del país de origen del paciente.
"En un debate político donde presenté este caso, dije que la niña tenía que ser atendida, pero la factura debería cargarse al gobierno venezolano; por ejemplo, deduciéndola de la factura del petróleo vendido a España", comentó.
Para los países más pobres que carecen de tales recursos, sugirió que los costes médicos podrían incorporarse a los presupuestos de ayuda al desarrollo.
"Pero nunca debemos asumir que estos tratamientos son gratuitos", dijo. "No lo son".
Para prevenir el "efecto llamada", Suárez-García argumentó que las políticas deberían evitar depender únicamente de la residencia autodeclarada.
"Creo que se debería establecer un mecanismo para ofrecer atención hospitalaria a casos específicos de forma controlada", indicó, sugiriendo acuerdos bilaterales con los países emisores y protocolos de tratamiento claros.
Al mismo tiempo, reconoció la preocupación de los ciudadanos españoles por la capacidad del sistema público de salud.
"Es cierto que los recursos presupuestarios para la sanidad no son ilimitados, y también es cierto que la sanidad pública en España está saturada", concluyó.
"Por eso este tipo de colaboración no puede ser ilimitada, sino que debe controlarse con tanta racionalidad como sensibilidad y humanidad".
Artículo publicado originalmente en Christian Daily International, versión en inglés de Diario Cristiano Internacional.
